Así, los operadores de transporte público de todo el país podrán adquirir ómnibus eléctricos al precio de los diésel. El costo de un ómnibus eléctrico y su cargador es de entre 350.000 y 400.000 dólares, dependiendo de sus prestaciones, mientras que el de uno diésel es de unos 140.000 dólares.
Las solicitudes diversifican la oferta de tecnología con cuatro diferentes proveedores y tres fabricantes entre los mayores del mundo: Ankai, BYD y Yutong.
Este subsidio se enmarca en la política energética uruguaya, que hoy produce el 98% de su energía eléctrica de fuentes no contaminantes, renovables y autóctonas.
La medida tiene como antecedente significativo la creación, en 2014, del Grupo Interinstitucional de Eficiencia Energética en el Transporte, integrado por los ministerios de Economía y Finanzas; de Industria, Energía y Minería; de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, y de Transporte y Obras Públicas, y por la Intendencia de Montevideo, UTE y Ancap. En él se diseñan y coordinan políticas para un transporte más eficiente y sostenible, entre ellas, el subsidio a la compra de ómnibus eléctricos.
En esa línea, UTE estudia extender a las empresas de transporte público similares tarifa y descuentos a los que hoy tienen los taxis eléctricos.
Con la adquisición de cinco ómnibus para el transporte público y de seis vehículos utilitarios, en el año 2018 comenzó la implementación del proyecto “Hacia un sistema de movilidad urbana sostenible y eficiente en Uruguay”, que procurará la incorporación de vehículos eléctricos a la flota del país, además de promover la incorporación de la mujer a puestos laborales en los rubros de conducción y mantenimiento.
La iniciativa incluye tres aspectos: la generación de un marco normativo que promueva el transporte de bajas emisiones de carbono; la adopción de vehículos eléctricos en el transporte urbano de pasajeros y utilitarios, y la generación de un cambio cultural tendiente a fomentar el uso de este tipo de vehículos.
Uruguay está en condiciones de impulsar este proyecto por su compromiso con la sostenibilidad ambiental y su correspondiente trabajo interinstitucional, con una iniciativa que está vinculada al territorio, al medio ambiente, a la energía y a la industria del futuro.
Uruguay ha asumido el compromiso de reducir las emisiones de gases con efecto invernadero a casi el 50% para 2025, con respecto a los niveles que tenía Uruguay en los años 1990, presentes en el Acuerdo de París.
Entre las medidas tomadas se encuentra el mantenimiento de los biocombustibles en naftas y gasoil, el etiquetado de eficiencia energética en vehículos livianos de combustión, y la introducción de unidades eléctricas en el transporte público y utilitario.
