"Estos datos muestran que la política pública de acompañamiento es más potente que suspender una prestación", afirmó Caggiani.
El titular de la ANEP explicó además que las tareas de seguimiento permitieron transparentar realidades diversas: desde menores que asistían a educación privada pero figuraban desvinculados del sistema público, hasta adolescentes de entre 14 y 17 años que habían abandonado los estudios para insertarse en el mercado laboral o asumir tareas de cuidado familiar.
Trabajo territorial e interinstitucional
Por su parte, el ministro de Desarrollo Social, Gonzalo Civila, ponderó el esfuerzo coordinado entre los equipos técnicos, las organizaciones sociales y las comunidades territoriales, señalando que este trabajo conjunto marca la pauta de hacia dónde avanzar en los procesos de recomposición social y educativa.
Civila enfatizó que comprender las causas multidimensionales del abandono escolar es imprescindible para lograr una reinserción sostenible, justificando la prioridad que el Gobierno ha otorgado a esta problemática.
Alcance de la medida y perspectivas
La presidenta del Banco de Previsión Social (BPS), Jimena Pardo, contextualizó el alcance del programa al señalar que el universo total de niños y adolescentes mayores de 5 años beneficiarios de asignaciones familiares supera las 406.000 personas. Bajo este marco, los 3.968 menores que aún permanecen fuera del sistema representan tan solo el 1% del total.
"El mensaje es que la política es exitosa y que la enorme mayoría de las familias envía a sus hijos a estudiar", sostuvo Pardo.
La jerarca del BPS añadió que los casos pendientes corresponden en su mayoría a situaciones familiares de alta complejidad que demandan abordajes integrales. En ese sentido, destacó que las propuestas orientadas a fortalecer las prestaciones sociales dentro de la Rendición de Cuentas buscan atender esas realidades y garantizar las condiciones para la permanencia educativa a largo plazo.
