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Caso Cardama: el lobista Gerardo Moreira declaró ante Fiscalía

El lobista Gerardo Moreira declaró ante Fiscalía por el caso Cardama y reconoció su participación en la negociación por la compra de las dos patrulleras.

El capitán de fragata retirado Gerardo Moreira, conocido en el ambiente naval como «el Bocha» y representante del astillero español Cardama en Uruguay, declaró el pasado viernes ante la Fiscalía de Delitos Económicos en el marco de la investigación por la compra de dos patrulleras oceánicas. Durante su comparecencia, reconoció haber participado en toda la negociación y defendió su papel como intermediario en una operación que continúa bajo investigación judicial.

Según informó la diaria el martes 4 de noviembre, Moreira fue interrogado por el fiscal Gilberto Rodríguez, quien subroga la Fiscalía Especializada en Delitos Complejos de primer turno. Uno de los puntos sobre los que debió responder fue una dirección de correo electrónico que aparece en la mayoría de las comunicaciones del Ministerio de Defensa vinculadas con la adquisición de las embarcaciones.

La comparecencia del exmilitar adquiere relevancia porque, de acuerdo con distintas informaciones periodísticas, Moreira habría tenido un papel central en el acercamiento entre Cardama y las autoridades uruguayas, además de intervenir en las distintas etapas de la negociación.

Fuentes de la Armada consultadas por Caras y Caretas señalaron que quien introdujo el negocio de Cardama en Uruguay fue el expresidente de Casa de Galicia, Alberto Iglesias, actualmente condenado por la Justicia. Según explicaron, debido a su situación en la mutualista, Iglesias habría recurrido a Moreira, un hombre de su confianza, para que actuara como intermediario y llevara adelante las gestiones.

La versión también fue conocida por el periodista Diego Martini Lemos. Las fuentes militares describieron así una trama de contactos que habría permitido impulsar la propuesta del astillero español sin que Iglesias apareciera públicamente como uno de sus principales promotores.

Un intermediario con contactos en la Armada

En una publicación anterior de Caras y Caretas, el periodista Ricardo Pose había señalado que Moreira se dedica a representar en Uruguay, pese a residir en Canadá, a distintos astilleros internacionales.

Entre las empresas que habría representado se encuentran Lürssen, reconocido astillero alemán especializado en buques militares, y Cardama, el astillero de Vigo que resultó adjudicatario del contrato para construir las dos patrulleras oceánicas.

Pose también había advertido sobre los contactos que Moreira mantenía dentro de la Armada y su habitual concurrencia al despacho del entonces comandante en jefe, el almirante Jorge Wilson.

Uno de los aspectos que llamó la atención fue que Moreira habría presentado la propuesta de Cardama al entonces subsecretario de Defensa, Rivera Elgue, antes de que se descartara la oferta china. Para Pose, ese movimiento podría explicarse por la posición privilegiada que tenía el representante comercial y su acceso a información sobre el proceso de adquisición.

El periodista también indicó que los intermediarios de este tipo de operaciones suelen percibir comisiones de entre el 2,5% y el 3,5% del monto de la venta. En el caso del contrato con Cardama, eso representaría un piso de 1.888.000 dólares.

Los vínculos políticos detrás del negocio

La investigación también pone bajo la lupa los contactos políticos que rodearon la operación. En sus declaraciones durante el proceso judicial por el que terminó condenado, Alberto Iglesias reconoció que el entonces secretario de Presidencia, Álvaro Delgado, le había solicitado realizar algunas gestiones en Galicia.

A su vez, Pose había señalado que el exsubsecretario de Defensa Rivera Elgue, una de las figuras de Cabildo Abierto dentro del ministerio, fue quien recibió a Moreira y mantuvo contactos con el representante del astillero.

En ese contexto, el periodista planteó la hipótesis de que las gestiones alrededor de Cardama también pudieron haber tenido una dimensión político-electoral, con posibles acuerdos entre sectores que mantenían enfrentamientos dentro de la coalición de gobierno.

Se trata de aspectos que deberán ser esclarecidos por la investigación y sobre los que no corresponde establecer responsabilidades sin pruebas.

La declaración de Moreira ante Fiscalía suma así una pieza relevante a una causa que no se limita a las características técnicas del contrato ni a las condiciones en que se adjudicó la construcción de las patrulleras. También apunta a reconstruir quiénes impulsaron el negocio, qué intermediarios participaron, cuáles fueron sus vínculos con las autoridades y qué intereses económicos y políticos pudieron estar detrás de una compra millonaria para el Estado uruguayo.

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