Por ello, la URSEA dispuso la puesta en Consulta Pública Nº43, referida al anteproyecto, con un plazo de solo 4 días, publicándola el 11 de setiembre y recibiendo aportes, contradicciones u observaciones hasta el 15 de setiembre de 2020. Significativamente, fue la primera vez que la URSEA dio un plazo menor a 15 días para una Consulta Pública.»
En su momento el Director en representación del Frente Amplio, Walter Sosa, habia denucniado que en dicha consulta habia quedada exluida Ancap en la medida que no tenia representante en dicha comisión y debió dar su opinión en forma escrita mediante un documento.
Fernández agrega que: «El 8 de octubre, URSEA abrió otra Consulta Pública referida a especificaciones cuantitativas para la metodología de los PPI (Consulta Nº45), con plazo hasta el día 23 del mismo mes. En dicha propuesta, URSEA reduce a 30 días el requerimiento de seguridad de suministro, que obliga a mantener un nivel de stock para garantizar la producción. Pero ANCAP se rige por recomendaciones internacionales de mantener 61 días de inventarios (de crudo y/o derivados) cuando existen operaciones de refinación propia, e incluso muestra en un informe técnico que el promedio del año pasado fue de 68 días, por lo cual explica que tal reducción compromete legalmente al cumplimiento del suministro confiable y oportuno.
Sumado a todo este plan de la URSEA, sin sustentos técnicos fiables y basados en supuestos que hasta se contradicen con la lectura del Decreto impulsado por el actual gobierno, el mismo día que se abría la Consulta Pública Nº45, en la Comisión de Presupuesto se aprobó un artículo que libera la importación de crudos en los puertos, innovación que responde a un pedido del ministro de Industria, Omar Paganini Herrera y que el Frente Amplio cuestionó por entender que es un “negoción para los privados”.»
Javier Fernández finaliza el artículo afirmando que : «Se están creando las herramientas no solo para la desmonopolización del ente, sino que además, se tejen estrategias para mostrar ineficiencias económicas teóricas (inexistentes) con algún fin ya conocido, como es el pasaje de ANCAP al Derecho Privado. Detrás de todo esto, hay fines estratégicos promocionados por ciertos sectores agropecuarios y por el Partido Nacional, a quienes ya se les ha demostrado mediante diversos informes que las diferencias en los precios de los combustibles comparados con referentes internacionales no son atribuibles a los costos de producción, sino que responden principalmente a los impuestos aplicados a los precios de ANCAP (IMESI e IVA).»
