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Padre de uruguayo secuestrado en Libia alerta sobre gravedad del caso

Matías Álvarez Rodríguez, junto a otros nueve activistas, formaba parte del convoy terrestre Global Sumud Maghreb y fue capturado en Libia cuando iban a Gaza.

El padre de Matías Álvarez Rodríguez, ciudadano uruguayo secuestrado hace 12 días en el este de Libia cuando con otros jóvenes pretendía llevar ayuda humanitaria a Gaza, alertó sobre la gravedad de la situación que atraviesa en su cautiverio. Señaló que realizó una huelga de hambre de cuatro días exigiendo poder comunicarse con su familia.

Álvarez formaba parte del convoy terrestre Global Sumud Maghreb y fue capturado en Libia junto con otros nueve activistas. Desde el pasado 24 de mayo permanecen aislados e incomunicados, sin contacto entre ellos.

Su padre, Fabián Álvarez, envió este jueves un mensaje en el que recuerda que su hijo fue detenido junto a sus compañeros en la ciudad de Sirte. "Desde entonces y al día de hoy se han cumplido 12 días ya desde su detención y en la mañana de hoy jueves 4 de junio, logré recibir una llamada telefónica por parte de mi hijo Matías", señala Álvarez. Y agrega que en la misma le informó que "hace cuatro días que habían iniciado una huelga de hambre y sed, debido a la falta de información y contacto con sus familiares".

Resultado de la huelga

A raíz de la huelga, agrega, este jueves lograron que se les proporcionara la posibilidad de una llamada telefónica para "tener contacto con sus familias".

"Matías me comunicó que tuvieron asistencia médica, que se les realizaron chequeos generales a todos y a él personalmente le encontraron que estaba un poco bajo su nivel de azúcar en la sangre; no obstante, su estado de salud es bastante normal", precisó.

Posibles cargos

Respecto a los cargos que les imputan, dijo que los acusan de "inmigración ilegal dentro del territorio libio". Por esa razón fueron conducidos ante un tribunal y se les proporcionó una abogada local. Estiman que el veredicto final podría demorarse entre seis y 10 días.

En base a los cargos que se les imputan, podrían ser deportados a sus países o, en el peor de los casos, ser condenados a una prisión local.

Si bien no están seguros de su futuro, Álvarez indicó que, según se le informó, las autoridades libias estarían buscando con este caso "sería algo de reconocimiento hacia el gobierno de esa parte de la región en el este de Libia, ya que quienes controlan esa porción de territorio no son parte del gobierno legítimo de Libia".

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