La reducción del número de funcionarios tiene dos vertientes: el no llenado de vacantes y la separación de quienes sean declarados excedentarios en sus reparticiones, sobre la base de reestructuras organizativas y funcionales dedicadas a la supresión, transformación, fusión y creación de nuevas unidades.
A la caída importante del gasto en las remuneraciones —ajuste salarial mediante— sucederá una rebaja del gasto en pasividades por efecto de la consecuente caída general del índice medio de salarios. A estos dos recortes se sumarán los primeros efectos de medidas restrictivas en materia de seguridad social.
Debemos sumar un fuerte recorte en las inversiones y gastos de funcionamiento del Estado, rubro en el que se prevé una reducción constante en términos reales, que condiciona seriamente el funcionamiento de diversas áreas. También se proyecta limitar los cometidos de muchos organismos oficiales y el retiro del Estado en inversiones en áreas fundamentales, que solo a él le están reservadas, ya sea por factores de escala como de rentabilidad.
En resumen, el proyecto de presupuesto solo asegura a los uruguayos un largo proceso de pérdida de calidad de vida. Este es un componente sustancial del programa económico de la coalición de gobierno que deberemos enfrentar.
