Para el procurador, las nuevas pruebas aportadas «justifican dirigir la atención de la pesquisa a la conducta atribuida» a Peña, Faurie, y Pompeo «en cuanto a una supuesta participación en la organización y desarrollo de las condiciones necesarias para el envío de los gendarmes y del material armamentístico» a Bolivia «vulnerando el adecuado ejercicio de control del servicio aduanero».
Las nuevas pruebas aportadas incluyen los registros de ingreso a la Casa Rosada, sede del Ejecutivo argentino, del 12 de noviembre de 2019 que, según los denunciantes, «evidencian que la decisión de enviar material represivo a Bolivia» se tomó en ese lugar.
El fiscal ya había imputado en esta causa a Macri, al exembajador argentino en Bolivia Normando Álvarez García, a la exministra de Seguridad Patricia Bullrich y al exministro de Defensa Oscar Aguad.
También, ya había imputado al exjefe de la Gendarmería argentina Gerardo Otero, a los exdirectores de Logística y de Operaciones de esa fuerza Rubén Carlos Yavorski y Carlos Miguel Recalde, y al excomandante de la Gendarmería Adolfo Héctor Caliba.