Señalan además que los jueces y juezas de nuestro país se encuentran ya “sometidos a responsabilidad por los actos que realizan en el desempeño de su función”.
En ese sentido, refieren al artículo 23 de la Constitución, a la ley 15.750 (Ley Orgánica de la Judicatura y de Organización de los Tribunales) y a delitos que les pueden ser aplicados, previstos en el Código Penal.
Según se expresa en el comunicado, la Asociación de Magistrados seguirá de cerca el trámite parlamentario del proyecto “en tanto podría significar un nuevo intento de incidir en decisiones judiciales y una afectación de la fundamental separación de poderes”.
Por último, la asociación manifiesta su rechazo a cualquier propuesta que “implique limitar la independencia e imparcialidad de los jueces y juezas, que constituyen una garantía para el ejercicio de la función y para el Estado de Derecho”.