Para las defensas de los damnificados, Cabral, recluida hace once meses en un confortable apartamento del edificio Imperiale de Punta del Este, debería correr con la misma suerte que Maximiliano Rodríguez, titular de la empresa Pasfer (la mayor tomadora de ganado de Conexión Ganadera) que fue imputado en marzo de este año, con prisión efectiva preventiva, por los delitos de apropiación indebida y falsificación ideológica tras detectarse un millonario faltante de ganado declarado.
Al igual que Don Coraje, Pasfer no tenía casi ningún animal de los miles que debería haber comprado por los U$S 4 millones, a razón de 60 contratos firmados.
Respecto a la responsabilidad penal de Cabral por su participación como directora de Don Coraje, la semana pasada el Tribunal de Apelaciones en lo Civil de 7º Turno confirmó el concurso necesario de Daniela Cabral como persona física. “Se concluye que la actividad de Cabral es ‘empresaria’, realizando actividad como tal, utilizando una pantalla societaria, que no queda muy claro si es civil o comercial”, señala el fallo del tribunal sobre el rol de Cabral en la empresa Don Coraje SC.
“Es posible afirmar que Cabral asume una actividad de intermediación comercial de ganado porque se obligaba a tomar el ganado para ofrecerlo en consignación a Conexión Ganadera, integrada por su marido, Gustavo Basso, de custodiarlo y de garantir el cumplimiento del contrato”, agrega la sentencia sobre Don Coraje.
Para la Justicia, la tomadora de ganado dirigida personalmente por Cabral forma parte integral de la mega estafa de Conexión Ganadera y que no se trata de un caso independiente, puesto que no hay una sociedad que conforme Don Coraje. “Si la apelante quería decir que ella y Don Coraje son diferentes, tenía que haberlo demostrado conforme a las reglas generales”, dice el fallo judicial, que enfatiza en que “no hay un solo documento” que muestre que Don Coraje es una sociedad.
Por consiguiente, el concurso de esa empresa fue clausurado y todos los contratos de inversión firmados bajo ese nombre le son imputables directamente a Cabral, por lo que se confirmó el concurso necesario de la mujer como persona física.
“La existencia de un grupo o conjunto económico que vinculó al causante con las empresas indicadas en la sentencia impugnada se sustenta en la estrecha vinculación comercial y financiera puesta de manifiesto [...] La confusión patrimonial de los deudores y las vinculaciones de diversa índole existente entre ellos dan cuenta de la necesidad y oportunidad de que el mismo profesional se aboque a la tarea de llevar adelante el proceso concursal para garantizar un adecuado desarrollo del mismo en beneficio de los acreedores”, explica el fallo.
La decisión de la Justicia civil agrava la situación procesal de Cabral, ya que es muy probable que se la considere culpable de los mismos delitos que el titular de Pasfer.
También resultó determinante el informe del MGAP para que el BROU decidiera en las últimas horas, según supo Caras y Caretas, realizar una denuncia contra Daniela Cabral por un préstamo de más de un millón de dólares que había obtenido del banco con una garantía inexistente (por la falta de animales).
La desaparición de más de un millón de dólares tras la muerte de Basso
Por otra parte, el síndico Alfredo Ciavattone, quien investiga la situación patrimonial y financiera de Cabral en el ámbito concursal, sobre fines de mayo presentó un primer informe al fiscal Rodríguez sobre los créditos verificados y en el que también detalló el inventario de la masa activa que tiene la viuda de Basso.
Sobre este punto, la principal novedad que surgió de la documentación presentada ante la Justicia por parte del síndico es que Cabral tenía a su nombre una cuenta del Scotiabank junto a Gustavo Basso, y que el 30 de noviembre de 2024 (dos días después de la muerte de Basso) ésta tenía un saldo de US$ 1.053.416 y, apenas un mes después (31 de diciembre de 2024), la cuenta en dólares quedó con saldo cero.
Por tal motivo, Ciavattone pidió a Cabral que entregue una rendición de cuentas documentada donde explique cómo vació la cuenta en un mes y cuál fue el destino de ese dinero. Según el estado de cuenta del Scotiabank, al que accedió Caras y Caretas, Cabral retiró casi la mitad (medio millón) por concepto "50 % Daniela".
Esto se suma a las denuncias de varios abogados de los damnificados por transferencias (también post-muerte de Gustavo Basso) que realizó una de sus hijas, Agustina Basso, y su esposo Alfredo Rava, por un monto de US$ 1.800.000 a otras cuentas de la familia tras el fallecimiento de Basso. Según los defensores, Cabral, sus hijas y Rava, deberían ser imputados por lavado de activos, así como Martín Bartol y otros mandos medios que trabajaban con Basso en Florida.
Respecto a Cabral, quedó en evidencia con los últimos descubrimientos que, no solo servía el café en Gustavo Basso Negocios Rurales, tenía autorización para firmar transferencias y cheques vinculados tanto al escritorio rural como a estructuras relacionadas con Conexión Ganadera, como quedó demostrado.
En sus declaraciones ante la Justicia, Cabral sostuvo que quien tomaba las decisiones financieras era su esposo fallecido. Sin embargo, los nuevos elementos son la clave para que el fiscal pueda determinar si existió una operativa deliberada para mover fondos mientras la estructura financiera de Conexión Ganadera comenzaba a derrumbarse y sobre todo, tras el suicidio de su esposo en Florida.
En ese sentido, una serie de documentos y correos electrónicos incorporados al expediente revelarían transferencias millonarias realizadas durante 2024, incluyendo giros hacia cuentas en el exterior, principalmente en España, aunque también se investigan estructuras y sociedades offshore en EEUU y Panamá.
Denuncian red de facilitadores y testaferros del clan Basso-Cabral
Por otra parte, pero sin salir del complejo esquema financiero creado entorno al imperio de los Basso, tres abogados de cientos de damnificados por la megaestafa de Conexión Ganadera, Graciana Abelenda, Leonardo Costa y Santiago Alonso, presentaron una ampliación de la denuncia que señala hechos con apariencia delictiva de tres personas cercanas a Gustavo Basso: el párroco de Florida, César Buitrago; la escribana Mariana Della Ventura y el contador José Carlos Santeugini.
Según los profesionales, el esquema de la estafa ganadera y posterior lavado de activos consistía en captar dinero de los inversores (damnificados) a través de Conexión Ganadera, pero éste no se destinaba a comprar animales, sino para adquirir inmuebles registrados a nombre de familiares y allegados de Basso.
En ese contexto, aparece nuevamente el nombre del sacerdote colombiano amigo de Basso (quien reconoció su cuerpo tras el suicidio y ofició la misa de cuerpo presente en la Catedral de Florida) que nunca presentó denuncia penal por la estafa, pero sí se presentó en el concurso para reclamar U$S 127.0000 invertidos en Conexión Ganadera (todos sus ahorros según el cura).
A Buitrago lo denuncian por una sospechosa compra de cuatro inmuebles en Paso de la Azotea (Lavalleja), el 2 de junio de 2020, cuando este era vicario general de la Diócesis de Florida y no justificaba grandes ingresos económicos. Según supo Caras y Caretas por una fuente cercana a Buitrago, el sacerdote tendría toda la documentación que prueba que los fondos invertidos en Conexión Ganadera provenían de bienes que su familia vendió en Medellín (Colombia).
Lo llamativo de la transacción es que el sacerdote pagó las casas construidas por Lerosur SA, una sociedad anónima vinculada a Gustavo Basso y que gira en el rubro inmobiliario, con cheques de Conexión Ganadera que le había entregado Basso para ese fin.
Aún más sospechoso resulta, para los abogados denunciantes, que, a pesar de mencionar públicamente haber sido defraudado por su amigo, renovó un contrato de inversión por US$ 108.000, pocas semanas después de la muerte de Basso, como socio de un tambo del clan Basso.
En la denuncia presentada a fines de mayo, los penalistas pidieron al fiscal Rodríguez que se lo investigue a Buitrago por un delito de lavado de activos.
Por otra parte, los abogados apuntaron contra la escribana de la familia Basso-Cabral. Señalan que se debe investigar a Della Ventura por “omitir controles normativos estrictos” como declaraciones juradas de Gustavo Basso.
Entienden que la escribana de estrecha confianza de la familia Basso (su padre fue durante décadas el notario de los Basso en Florida y su hermano fue quien le alquiló el depósito de la Iglesia de Florida donde Basso guardaba cuadernos contables), intervino en al menos siete operaciones inmobiliarias por un total superior a U$S 8,9 millones, escriturando bienes a nombre de terceros, aunque el verdadero beneficiario final de estos era siempre el mismo: Gustavo Basso.
El documento detalla que fueron en dos hipotecas a favor del frigorífico Casa Blanca por US$ 2.980.000 y cinco compraventas de inmuebles urbanos y rurales, en Montevideo, Durazno, Lavalleja, Florida, Rocha por un total de US$ 5.960.273.
Los formularios antilavado que la escribana firmó calificaban sistemáticamente las operaciones como de "riesgo bajo", describiendo a Basso como un "cliente de toda la vida" que "siempre trabaja y progresa", modus operandi que se repitió inclusive en el marco de una operación fechada apenas 8 días antes del suicidio de Basso, cuando sus empresas ya atravesaban una situación financiera crítica, señalaron.
Para Della Ventura, los abogados denunciantes solicitaron que se la formalice por un delito de asistencia al lavado de activos debido al incumplimiento flagrante de los controles normativos y la no emisión de reportes de operaciones sospechosas.
Por último, también apuntaron contra el maquillador de los informes contables. Los defensores de cientos de damnificados denunciaron que las certificaciones elaboradas por el contador Santeugini no se condicen con la realidad, puesto que los ingresos declarados deberían haber disminuido considerablemente cuando Basso se pasó de tener 45% de participación en Conexión Ganadera a 25% (2024), cuando éste y Pablo Carrasco cedieron la mayor parte de las acciones a sus esposas.
Los montos certificados por el contador resultaban "manifiestamente insuficientes" para justificar las millonarias compras de inmuebles realizadas.
La denuncia señala que por un período de 38 meses se emitieron informes de ingresos personales de Gustavo Basso que muestran un caudal de montos muy inferiores al nivel de vida que llevaba su familia.
Según los denunciantes, Santeugini también debería ser imputado por presunta asistencia al lavado de activos, ya que certificó ingresos y actividades que no condicen con la realidad.
Cómo sigue el caso
Mientras las más de 4 mil personas esperan recuperar una parte de los ahorros invertidos en Conexión Ganadera, la Justicia concursal con la ayuda de los estudios de abogados que representan a los damnificados intenta determinar dónde terminó realmente el dinero robado por los directores de Conexión Ganadera.
Para poder avanzar en ese sentido, es clave el avance de la Justicia penal sobre un grupo de mandos medios, familiares y prestanombres que aparecen como beneficiarios de activos que tenían como destino final las arcas del clan Basso.
Al inicio de la investigación, el fiscal Rodríguez, describió que "nunca había visto algo así" en una causa judicial, en relación con el complejo entramado de empresas, tomadores de ganado, con un laberinto de sociedades y cuentas bancarias, desde la cuales se detectó el vaciamiento sistemático (desde 2021 a 2024) y transferencias millonarias por las cuáles fueron imputados por lavado de activos los otros dos socios vivos de Conexión Ganadera (Pablo Carrasco y Ana Iewdiukow), más no así Cabral, quien goza desde hace casi un año de prisión domiciliaria en un apartamento en la península de Punta del Este, frente al mar.
Los abogados de los damnificados creen que a Cabral se le terminó el recreo y en las próximas semanas, cuando el fiscal realice una nueva audiencia sobre su situación, debería pedir la ampliación de la formalización de la investigación sobre la viuda de Basso, que podría incluir un delito de lavado de activos y, por ende, la modificación de prisión domiciliaria a prisión efectiva como medida cautelar.
