No obstante, la reacción de las AFAP no tardó en llegar. Las administradoras calificaron las propuestas como un avance hacia la “estatización” y alertaron sobre supuestos riesgos para la seguridad jurídica y la eficiencia del sistema. A estos argumentos se sumaron referentes políticos de la oposición que en el período anterior aprobaron la reforma de la seguridad social mediante la Ley N° 20.130 y analistas vinculados a consultoras económicas, quienes replicaron un discurso centrado en la defensa del modelo actual. En particular, se instaló la idea de que los cambios implicarían la creación de una “masa cautiva” de afiliados y una pérdida de libertad de elección, sin considerar que el sistema ya presenta fuertes elementos de obligatoriedad.
En este contexto, también llamó la atención la ausencia de las cámaras empresariales en la presentación del documento final del Diálogo Social. Este hecho puede interpretarse como una señal de distancia o cautela frente a las propuestas, pero también como parte de un escenario donde ciertos actores optan por incidir de forma indirecta en el debate, a través de voceros políticos o técnicos.
El caso del economista Pablo Rosselli, socio de la consultora Exante, ilustra esta dinámica. Sus críticas a las propuestas centradas en la supuesta falta de fundamentos técnicos y en los riesgos de centralización estatal se inscriben en una línea argumental consistente con la defensa del rol actual de las AFAP. Sin embargo, estas posiciones suelen omitir aspectos clave del diagnóstico, como el impacto de la regulación en la reducción de comisiones, la limitada competencia real entre administradoras o la necesidad de fortalecer la gobernanza del sistema.
Más allá de las posiciones en disputa, lo cierto es que el Diálogo Social logró instalar una discusión de fondo sobre el futuro de la seguridad social en Uruguay, superando miradas fragmentadas y poniendo en el centro la necesidad de un sistema más justo, eficiente y sostenible. La intensidad de la reacción que generaron sus conclusiones no hace más que confirmar que se trata de un terreno donde convergen intereses económicos, visiones ideológicas y disputas de poder.
Los avances alcanzados en el marco del diálogo representan una oportunidad para mejorar el sistema previsional, pero también dejan en evidencia los desafíos políticos que implica cualquier intento de reforma. El debate recién comienza, y su resultado dependerá no solo de la calidad técnica de las propuestas, sino también de la capacidad del sistema político de procesar tensiones, transparentar intereses y priorizar el bienestar de la ciudadanía por sobre las presiones sectoriales.
