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Los periodistas del país centroamericano viven una jornada desafiante durante este martes. En defensa de sus derechos, para exigir respeto y libertad de prensa, 200 trabajadores de los medios se juntaron para marchar hasta la Casa de Gobierno guatemalteca.
En medio de un panorama político complejo y corrupto, los periodistas son constantemente amenazados, sufren persecución y hasta exilio.
La Asociación de Periodistas de Guatemala (APG) registró al menos 124 agresiones contra periodistas en los primeros 11 meses del Gobierno del presidente Alejandro Giammattei, quien tomó posesión el 14 de enero de 2020.
El 29 de octubre pasado, la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la CIDH recordó al gobierno guatemalteco que «es deber de los Estados brindar a la prensa las más altas garantías para ejercer su labor de forma libre, segura e independiente, ya que son las y los periodistas quienes mantienen informada a la sociedad y contribuyen a la consolidación y el fortalecimiento del Estado de Derecho» .
En efecto, a pesar de la opacidad estatal, la labor de la prensa guatemalteca ha resultado fundamental para que la ciudadanía conozca no solo los abusos y excesos del poder, sino que también quiénes los cometen.
Los periodistas, comunicadores sociales y comunitarios en Guatemala trabajan inmersos en un clima hostil, marcado por un discurso descalificador en su contra desde las más altas esferas del poder, la criminalización, formas de acoso selectivas que intimidan u coartan a periodistas –como la vigilancia y los seguimientos–, la negativa de información y las agresiones constantes desde redes sociales que responden a los intereses del poder, lo que deja ver claramente la violación de sus derechos en el ejercicio de su profesión.
Otro hecho desalentador para el clima de la libertad de prensa en el país lo constituye que la información entregada a la Fiscalía de Delitos contra periodistas para esclarecer los delitos cometidos en contra de varios de ellos el 21 noviembre de 2020 fue utilizado para criminalizar a personas que ejercieron su derecho de protesta ese día y no para esclarecer los hechos que los afectaron, lo cual minó la confianza del gremio periodístico en dicha fiscalía.
En esta jornada reivindicativa se le exige al estado guatemalteco que cumpla sus obligaciones de ser transparente ante la ciudadanía y respetar sus derechos. Asimismo, exigen que se cumpla la promesa de crear un programa de protección a periodistas que contribuya a prevenir la violencia, protegerlos y sancionar los delitos cometidos en su contra y garantizar el derecho a la libertad de expresión.