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Blindaje: más beneficios para los canales

10 de septiembre de 2021 - 18:45

A pesar de contar con dos dictámenes jurídicos contundentes de la Unidad Reguladora de Servicios de Comunicaciones (Ursec) y de la Dirección Nacional de Telecomunicaciones que le favorecían, se hizo un acuerdo extrajudicial con la empresa de televisión para abonados, Multiseñal, que es propiedad de los canales, y le va a pagar 2,5 millones de dólares para evitar un supuesto juicio que no tiene ninguna chance de prosperar.
Los informes jurídicos de los organismos regulatorios son claros: el Estado actuó correctamente desde que le pidió hace diez años a las empresas que ocupaban ese tramo del espectro radioeléctrico que se corrieran de frecuencia antes de que se subastaran y, además, es Multiseñal la que utiliza equipos de recepción de señales inadecuados para evitar las interferencias y la que ha incurrido en incumplimientos. Sin embargo, en otra expresión de insólita generosidad ante la amenaza de juicios donde no puede perder, el gobierno decide acordar y entregarles a los privados lo que los privados quieren y no les corresponde, sin molestarse en defender al Estado y los dineros públicos en asuntos en que el Estado tiene razón.

Este caso tiene, de todos modos, un condimento particular habida cuenta de quiénes son los propietarios. No estamos hablando de una multinacional ni de una empresa en un rubro alejado de las cosas públicas. Estamos hablando de una resolución del gobierno que beneficia injusta y directamente a los canales privados en claro perjuicio del Estado. Y los canales constituyen, indudablemente, el mayor instrumento de comunicación y propaganda que existe en este país. Así las cosas, el gobierno que ya les permitió prácticamente escribir una ley de medios que se ajusta a sus necesidades, ahora además les pasa un monto millonario de dinero en dólares que no les corresponde, renunciando a defender al Estado sin ningún indicio legal de que el Estado pudiese verse perjudicado en caso de litigio.

Es evidente que si alguien tiene la concesión de uno de los tres canales privados que deben cubrir la información que se produce en el país y, al mismo tiempo, gobierna una expresión política que no solamente legisla a favor de todos sus intereses, sino que además está dispuesto a ceder a sus caprichos y demandas infundadas, incluso cuando los informes legales le favorecen, no tiene ningún estímulo para la objetividad. Más bien todo lo contrario, tiene un verdadero estímulo económico para llevar adelante el mayor de los blindajes posibles, porque, después de todo, los canales son empresas y este gobierno le está asegurando todo lo que necesitan para mejorar su posición en el mercado e incrementar su rentabilidad más allá de límites razonables. Cualquier observador ecuánime diría que el gobierno y los canales tienen un vínculo estrecho, estrechísimo, a esta altura obsceno, de culo y calzón.

Pero si ya está claro en qué salen ganando los canales en esta historia, cabe profundizar un poco más en lo que gana el gobierno con esta cercanía impúdica. Y eso tiene mucho que ver con la política y con la estrategia. El gobierno de coalición encabezado por el herrerismo ha venido actuando desde la asunción del presidente Lacalle Pou en tres ejes evidentes: favorecer a los privados frente a lo público, recortar el gasto y bajar el salario real. Esta tríada notable, a la que habría que adicionar un política monetaria prodevaluatoria que favorece claramente al gran empreasariado rural y perjudica la capacidad de consumo de la gente, no ha hecho más que aumentar empobrecer a las mayorías, trabajadores, jubilados y pequeños comerciantes, y debilitar el Estado, que las grandes mayorías también precisan. Con una política así, tan restrictiva, tan de ajuste, que no tiene miramiento ni siquiera ante la circunstancia excepcional y traumática de la pandemia, la pobreza y la impopularidad de los gobernantes son las únicas cosas que pueden crecer de manera sostenida. Por lo tanto, un blindaje del grueso del sistema de medios y, sobre todo, de la televisión convencional es indispensable para lograr mitigar la bronca de la población o, por lo menos, desviarla lo más lejos posible del gobierno.

Así las cosas, no se puede considerar que este pago de 2,5 millones de dólares arreglado extrajudicialmente sea una forma transparente de librarse de un juicio cuyas consecuencias honestamente pudiesen ser riesgosas país. Más bien parece un mecanismo de premiación de la lealtad de los canales, una prima por presentismo en la hora de blindar al gobierno, atacar a a sus expositores, amplificar las virtudes y disimular los defectos del oficialismo. Ya no basta con decir que nos gobiernan creativos de la comunicación especializados en embellecer la gestión y en el lanzamiento de globos sondas mediante excelentes relatos y las mejores piezas publicitarias. No, no. Sin desconocer méritos en el arte, nos gobierna una agencia con recursos ilimitados para la pauta explícita y la implícita que subyace a este tipo de resoluciones.

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