En el texto la Comisión planteó su preocupación por el Decreto Supremo 4078 que «pretende eximir de responsabilidad penal al personal de las Fuerzas Armadas que participe en los operativos para restablecimiento del orden interno y estabilidad del orden público».
Para la CIDH son «inadmisibles» las disposiciones de amnistía y de prescripción para impedir la investigación y sanción de responsables de violaciones de derechos humanos durante las protestas.
La Comisión reclamó al Gobierno de facto «garantizar el derecho a la reunión pacífica (…) preservar la vida e integridad de sus habitantes (…) garantizar el trabajo de los periodistas y de los organismos autónomos de protección y defensa de los derechos humanos».
La CIDH citó información pública según la cual desde el 20 de octubre fallecieron 23 personas «en el contexto de la violencia social poselectoral», 715 personas habrían sido heridas y otras 624 personas habrían sido detenidas.
En el contexto de la represión militar y policial este martes se presentó un nuevo episodio en los alrededores de la planta de Yacimiento Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), ubicada en Senkata, de la ciudad de El Alto, en donde fallecieron al menos tres personas y más de 30 resultaron heridos.
