Estas tierras, que debían destinarse a la reforma agraria y al desarrollo de comunidades campesinas, terminaron en manos de militares, políticos, empresarios, diplomáticos y allegados al poder. De allí surge el concepto de “tierras malhabidas”, adjudicaciones realizadas en violación del Estatuto Agrario.
El resultado es una de las matrices de desigualdad más extremas de la región. En Paraguay, el 2,5% de la población concentra el 85% de la tierra cultivable. Una cifra que sintetiza décadas de políticas públicas desviadas y una estructura agraria profundamente desigual.
El período central de este proceso se extendió entre 1954 y 2003. Aunque Stroessner dejó el poder en 1989, el sistema de distribución irregular continuó durante años, consolidando privilegios y perpetuando la concentración.
El vínculo con la familia Bordaberry
Dentro de ese entramado aparece un nombre conocido en Uruguay, la familia de Juan María Bordaberry, dictador uruguayo condenado por delitos de lesa humanidad.
Según los registros del informe de la Comisión de Verdad y Justicia, en 1994 se adjudicaron casi 8.000 hectáreas cultivables en Paraguay a su hijo, Juan Martín Bordaberry. Las tierras se ubican en la zona de Bahía Negra, en la región occidental del país, una de las áreas de mayor valor estratégico por su potencial productivo.
El dato no es menor, la adjudicación se dio cinco años después del fin formal de la dictadura stronista, lo que confirma la continuidad del modelo de distribución de tierras más allá del régimen.
A esto se suma otro elemento que refuerza la conexión política regional, Juan Martín Bordaberry está casado con Sara Cartes, hermana del expresidente paraguayo Horacio Cartes. Este entramado familiar y político evidencia cómo las redes de poder se consolidaron a través de vínculos que exceden lo estrictamente nacional.
Reforma agraria desviada
Uno de los aspectos más relevantes que surge del análisis es la distorsión del concepto de reforma agraria. En teoría, Paraguay contaba con un marco legal que promovía la distribución de tierras para el desarrollo campesino y la producción de alimentos.
Instituciones como el Instituto del Bienestar Rural (IBR) tenían ese objetivo. Sin embargo, en la práctica, ese mecanismo fue utilizado para beneficiar a actores que no cumplían con los requisitos legales.
“Se distribuyeron tierras que debían ser para emprendimientos campesinos a personas que no eran sujetos de la reforma agraria”, explicó Leguizamón. Esto incluye a actores locales, a diplomáticos extranjeros, militares y empresarios vinculados al régimen.
Entre los casos mencionados aparecen un diplomático italiano de apellido Calcaterra cuyos herederos devolvieron tierras a comunidades indígenas y un cónsul griego cercano a la dictadura. Estos ejemplos ilustran el carácter discrecional y clientelar del sistema.
Raíces históricas de la desigualdad
Para comprender la profundidad del problema, Leguizamón plantea que la desigualdad en la tenencia de la tierra en Paraguay no comienza con Stroessner, sino que tiene antecedentes históricos.
Uno de los hitos es la Guerra de la Triple Alianza (1864-1870), un conflicto que devastó al país y alteró su estructura económica y territorial. Antes de la guerra, existía un modelo en el que el Estado tenía un rol central en la producción, a través de las llamadas “Estancias de la Patria”.
Ese sistema permitía una relativa autonomía económica y una distribución más equitativa de los recursos. Tras la guerra, grandes extensiones de tierra pasaron a manos de capitales extranjeros, principalmente brasileños y argentinos, iniciando un proceso de concentración que se profundizaría con el tiempo.
“La guerra truncó un proyecto de país autosustentable”, señaló Leguizamón. La dictadura de Stroessner, décadas después, consolidó esa tendencia mediante la distribución irregular de tierras bajo la fachada de una reforma agraria.
Impunidad persistente y reclamos actuales
A pesar de la magnitud del problema y de la documentación existente, la recuperación de las tierras malhabidas ha sido prácticamente nula. Según Leguizamón, no ha habido una política estatal sostenida para revertir estas adjudicaciones.
“El reclamo es generalizado, pero no se han recuperado tierras de manera formal”, afirmó. Las organizaciones de derechos humanos y las comunidades campesinas e indígenas mantienen movilizaciones permanentes y presentan informes para sostener el tema en la agenda pública.
La Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay, que reúne a 39 organizaciones, es uno de los actores centrales en esta lucha. Su trabajo se enfoca en visibilizar el problema, promover investigaciones y exigir la restitución de tierras.
El conflicto es legal, social y económico. La concentración de la tierra limita el desarrollo de comunidades rurales, afecta la producción de alimentos y profundiza las desigualdades.
Uno de los aspectos más críticos del fenómeno es el impacto sobre las comunidades indígenas y campesinas. Muchas de las tierras adjudicadas irregularmente eran territorios tradicionales o estaban destinadas a programas de asentamiento.
La falta de acceso a la tierra ha generado desplazamientos, conflictos territoriales y condiciones de vida precarias para miles de personas. En algunos casos, las comunidades han logrado recuperar tierras mediante procesos judiciales o acuerdos, pero estos son excepcionales.
En el caso específico de las tierras vinculadas a la familia Bordaberry, existe un reclamo general enmarcado en la demanda de devolución de las tierras malhabidas.
Un problema regional
El caso paraguayo no es aislado. La concentración de la tierra es un problema estructural en América Latina, y Uruguay no es ajeno a esa realidad. Si bien los contextos históricos son distintos, existen paralelismos en cuanto a la influencia de procesos dictatoriales en la distribución de recursos.
La investigación sobre las tierras malhabidas abre la puerta a una reflexión más amplia sobre cómo se construyeron las estructuras de poder en la región y qué papel jugaron las dictaduras en ese proceso.
Si se hiciera una investigación profunda en Uruguay, también podrían encontrarse casos similares.
La persistencia de estas adjudicaciones refleja la dificultad de desmontar estructuras de poder arraigadas.
La Comisión de Verdad y Justicia de Paraguay logró documentar el problema, pero su impacto en términos de políticas públicas ha sido limitado. La falta de voluntad política y los intereses en juego dificultan avances concretos.
Mientras tanto, las comunidades afectadas continúan reclamando el acceso a la tierra como un derecho fundamental.
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