El fiscal general de Bolivia, Juan Lanchipa, informó este jueves que ha recepcionado 33 denuncias hasta la fecha “en contra de actores sindicales, políticos y cívicos”.
“Estas denuncias hacen referencias a varios tipos penales, dentro de los cuales podemos citar delitos contra la salud pública, organización criminal, instigación pública a delinquir”, detalló.
El secretario ejecutivo de la Federación de Trabajadores Mineros, Orlando Gutiérrez, denunció que el Gobierno de facto lleva a cabo una persecución política “queriendo amedrentar, queriendo callar la voz del pueblo, la voz de los dirigentes”.
Los sindicatos adelantaron que presentarán una denuncia internacional por la persecución a sus dirigentes y advirtieron que también adoptarán medidas internas para defender el fuero sindical, que está protegido por la Constitución política del Estado.
Las organizaciones sindicales y sociales bolivianas están declaradas en vigilia para garantizar que las elecciones generales se realizarán el 18 de octubre próximo, como está decidido por una ley expresa.