El fraude de la garantía, la pérdida de confianza y la rescisión
Uno de los principales cuestionamientos que realizaron a Lazo los legisladores de la oposición consistió en que el Gobierno de Yamandú Orsi no haya considerado la aceptación de otra garantía, en lugar de rescindir el contrato con Cardama.
Al respecto, el diputado nacionalista Gabriel Gianoli admitió en la comisión que en el proceso que rodeó a la garantía, “el fraude sucedió”. “Tenemos claro lo que sucedió con la garantía. Lo dijimos siempre. Lo sabe todo el mundo. ¿Qué vamos a inventar? ¿La pólvora? Ahora, nosotros entendíamos que eso no implicaba suspender el contrato”, consideró. A su vez, el diputado del Partido Independiente, Gerardo Sotelo, remarcó: “No hay nadie aquí que defienda la actuación de Cardama en el episodio de la garantía; nadie, ni una sola persona. Tampoco aquí he escuchado a alguien de la oposición decir que la garantía está bien, que es válida. Por lo tanto, es evidente que si la garantía no era válida hay indicios para pensar que hubo una conducta —no sabemos de quién— seguramente fraudulenta”.
Sotelo consultó a la ministra “quién decidió romper el contrato” y “por qué” adoptó esta medida, algo que “el Ejecutivo y sus voceros aún deben responder y siguen sin hacerlo”.
Sobre el tema de la garantía trucha y la rescisión, la ministra de Defensa aclaró que no le compete buscar responsables y que a partir de que el Estado constató la falsedad de la garantía de fiel cumplimiento se tomó la medida de rescindir. En ese sentido, Lazo hizo un repaso del momento en el que la actual administración detectó la falsedad de la garantía.
Señaló que, una vez vencido el plazo para la renovación, el gobierno resolvió “promover la ejecución de la referida garantía con un único propósito, en el que no tengo dudas de que, más allá de los hechos, todos y cada uno de los integrantes del sistema político —oposición y oficialismo— estamos de acuerdo”, esto es, “no perjudicar los derechos del Estado uruguayo”.
La renovación fraudulenta
Se constató la falsedad del documento, “en tanto la entidad emisora de este resultaba inexistente, con domicilio falso, todo lo cual se desprende de los informes realizados por nuestro representante diplomático en Reino Unido y del estudio Arnold & Porter, que pudo rápidamente detectar que se trataba de una empresa financiera sin existencia real y formalmente en disolución, sin actividad sustancial alguna”, señaló la jerarca.
"En definitiva, cuando hay un contrato entre un Estado y un oferente hay una relación de confianza mutua. Si esa confianza mutua cae, lo contractual tiene mucho que ver. En este caso esa constatación con los hechos de pública notoriedad que ha acaecido y que dieron lugar a cortar con ese contrato (...) creo que ahí la confianza mutua se quebrantó", explicó Lazo.
Asimismo, la secretaria de Estado recordó que el mismo día en que el presidente Orsi anunció, en una conferencia de prensa en Torre Ejecutiva, la intención del gobierno de rescindir el contrato ante indicios de “estafa” y “fraude”, Cardama envió por correo electrónico “una nueva y supuesta renovación de la garantía”, documento, que también resultó “totalmente apócrifo”, y llegó “por arte de magia” apenas “diez minutos antes de salir a la conferencia de prensa porque habíamos constatado el fraude”, apuntó Lazo sobre el desesperado accionar del gallego.
“Se ve que en España miran mucho los canales uruguayos, salvo que alguien, algún amigo seguramente, le haya anunciado que iba a haber una conferencia de prensa, y que era por ese tema, lo digo sin ironía— llegó la renovación”, manifestó Lazo. Pero Cardama “vuelve a mandar un documento totalmente apócrifo”, lo cual “naturalmente aumentó la suspicacia respecto de la actitud del proveedor, y claramente coadyuvó en la total pérdida de confianza a su respecto”, afirmó.
Las omisiones de información durante la transición
Otro momento candente de las seis horas de comparecencia de Lazo en la comisión especial de la Asamblea General giró en torno a la información brindada por su antecesor durante la transición de los gobiernos de Luis Lacalle Pou y Orsi.
"Entendemos que no corresponde que diga que no hubo una transición con información", indicó Gianoli y agregó que "la ministra dice que no tuvo elementos en la transición y, sin embargo, le demostramos en una nota que la senadora Lazo manda y hace referencia a una reunión que tuvo el 27 de noviembre de 2024 con el exministro Castaingdebat que le informó sobre “todo el proceso de las OPV”, sin mencionar que uno de los aspectos más polémicos fue la decisión asumida por Castaingdebat el 9 de diciembre, al habilitar el segundo pago a Cardama sin haber analizado la validez de la garantía de EuroCommerce a pesar de las insistentes advertencias del Estudio Delpiazzo sobre fallas en la documentación presentada.
Según Lazo, cuando asumió, constató que “no existía un registro administrativo regular del proceso de aceptación de las garantías que estaban exigidas en el contrato, que transcurrió desde la firma, en diciembre de 2023, hasta fines de 2024, cuando se aceptaron las garantías presentadas por la empresa [Cardama] de fiel cumplimiento del contrato y de anticipo financiero”. “Tampoco se encontraron documentos oficiales que registraran las actuaciones durante ese período tan importante, que marcaba prácticamente la entrada en vigor del contrato”, indicó la jerarca.
La ministra cuestionó que “todo ese proceso estuvo exclusivamente pautado por comunicaciones informales vía correo electrónico” entre las anteriores autoridades, Cardama y los asesores. De estos intercambios no quedaron “registros fehacientes o confiables en las casillas institucionales de dichos correos”, advirtió.
El irregular pago a Cardama en el último día del gobierno de Lacalle Pou
En la última sesión de la comisión investigadora, también se reabrió el debate sobre el segundo pago a Cardama, que técnicamente correspondía al Hito B previsto en el contrato, que tenía como requisito fundamental la presentación del Plano de la Cuaderna Maestra y la documentación sobre los principales equipos.
Este pago, por un monto de € 8.227.000, fue uno de los más cuestionados debido al momento (27 de febrero de 2025) y la forma en que se procesó, puesto que la documentación que debió ser analizada con rigurosidad técnica, fue aprobada de manera express por el ex comandante de la Armada, Jorge Wilson, quien reconoció en la comisión no tener la experticia necesaria para determinar si los documentos enviados por Cardama eran suficientes para habilitar el segundo pago y la carta de crédito del BROU.
Al respecto, Lazo cuestionó la “extrema celeridad” de su aprobación, las irregularidades documentales y la responsabilidad administrativa de las anteriores autoridades que habilitaron dicho pago horas antes del cambio de gobierno.
El caso Cardama deja mucha tela para cortar...
“Se detectó que el entonces comandante en jefe de la Armada emitió dos notas con el mismo número (95/25) pero con diferentes fechas (26 y 27 de febrero de 2025)”, advirtió. Según la ministra de Defensa, “la segunda nota se emitió para intentar corregir inconsistencias en las fechas de los documentos adjuntos y evitar el rechazo del banco confirmador”.
Estas gestiones fueron realizadas a pedido del propio Cardama, al jefe de Gabinete y mano derecha de Wilson, capitán Da Silva, quien luego le comunicó al jefe de proyecto, José Ruíz —quien tenía la importante labor de analizar toda la documentación— que la cuaderna maestra fue aprobada en la misma tarde que llegó y se realizaron las notas de aprobación sin su consentimiento. Sobre las presiones recibidas por esos días, tanto de Cardama y Gerardo “Bocha” Moreira (su representante en Uruguay), surge una informal reunión entre Castaingdebat y Ruíz el 17 de febrero que nunca fue documentada y generó suspicacia sobre lo que sucedería días después con la aprobación del Hito B.
“Si bien formalmente el pago de parte del BROU se realizó una vez que se dieron por levantadas las discrepancias, lo cierto es que con fecha 26 de febrero de ese año y luego ratificado por nota el día siguiente, el Comando General de la Armada, en su carácter de ordenador de pago, dio por aprobado el hito certificando y avalando la documentación que debía presentarse para la exigibilidad del pago”, dijo Lazo y recordó que este era el único hito de pago —previsto en el contrato— donde el comprador debía emitir una aprobación del hito, razón por la cual dicha nota —de aprobación—, a esta altura, resultan esenciales para el cumplimiento de los recaudos exigidos en la carta de crédito y, por tanto, esenciales para el pago.
La ministra señaló la “errática aprobación formal” del Hito B, puesto que “en el documento inicial se establecía que era de carácter provisorio de parte de la Sociedad de Clasificación respecto del plano de cuaderna maestra, surgiendo, al menos, tres documentos diversos. Uno constituido por el propio plano de la cuaderna, sin fecha, que establece el alcance provisorio de la aprobación de la clase y luego dos Stage Approval Statements, de 27 de febrero y de 5 de marzo estableciendo, en este caso, la aprobación definitiva de ese documento técnico”.
Sin embargo, la certificación técnica emitida por la Sociedad de Clasificación designada, Lloyd's Register, nunca pasó de provisoria a definitiva, apuntó Lazo. “No podemos dejar de señalar que, sometido a un análisis técnico por parte de la Facultad de Ingeniería —por parte de Ingeniería Naval—, se establecen serias y graves observaciones al documento, sin dudas provisorio e incompleto, que entendemos debió merecer otro rigor por parte de la entidad actuante antes de aprobarlo sin más”, algo que también fue señalado en el informe de Bureau Veritas.
Acerca de la información brindada por su antecesor y los jerarcas de la Armada actuantes en ese momento clave del proceso de compra de las OPV a Cardama, Lazo fue categórica al manifestar que “fundadamente, juzgué que se faltó a la verdad por parte del señor oficial superior (Wilson). En otros casos, ante el planteo realizado, de que los oficiales superiores en actividad eleven antecedentes administrativos e informes para los que se les concedió un plazo para su entrega, esos oficiales no dieron cabal cumplimiento con dicho requerimiento, actuando con reticencia al remitir tardía y parcialmente tales informes”, dijo respecto a la polémica actuación de Ruiz, quien luego fue sancionado por Lazo junto a Wilson.
Polémico levantamiento de observación del BROU por parte de la Armada
La observación por parte del BROU fue el 18 de marzo de 2025, luego de que la directora de riesgos del banco analizara la documentación y comunicara mediante un mensaje SWIFT que los documentos eran "discrepantes", señalando específicamente que la carta de aprobación del ordenante no avalaba el cumplimiento del Hito B, tal como estaba previsto en el contrato firmado.
Dos días después, el 20 de marzo de 2025, el Servicio de Hacienda y Contabilidad del Comando General de la Armada Nacional envió una nota al BROU solicitando formalmente el levantamiento de la discrepancia para que ese mismo 20 de marzo, el BROU autorizara los desembolsos al banco confirmador (Deutsche Bank).
En anteriores sesiones y en esta última también, el diputado Pablo Abdala pretendió enredar a Lazo en la habilitación del segundo pago, afirmando que fue el Ministerio de Defensa Nacional -ya bajo su gestión-, quien subsanó la discrepancia del BROU e indicó que se procediera al pago correspondiente del Hito B en marzo de 2025.
Al respecto, la ministra rechazó esa versión, sosteniendo que fueron los encargados de los servicios contables del Comando General de la Armada –que por decisión de Castaingdebat y Fabián Martínez (el ex número 3 de Defensa) actuaba como ordenador del gasto- los que levantaron la observación y habilitaron el pago.
Lazo desmintió lo señalado por Abdala y enfatizó que ella “no firmó ese documento” y que, en ese momento, “no tenía conocimiento de tal gestión”. La ministra apuntó que los responsables de firmar dicha nota fueron el Capitán de Navío Nelsi Bobadilla (jefe de Servicio de Hacienda y Contabilidad del Comando General de la Armada y su mano derecha, el Capitán de Corbeta Antonio Alves.
