La constitución brasileña sostiene que nadie puede ser detenido -salvo que signifique un peligro social o acusado de asesinatos o violaciones- sin que haya sido juzgado por todas las instancias. En 2016, la Corte aceptó un pedido de la Operación Lava Jato para que se detengan a los condenados con fallo de cámara, lo cual continúa en vigor y permitió la detención del líder del Partido de los Trabajadores (PT) el 7 de abril de 2018 tras haber sido condenado por Moro.
Lula, su ex jefe de gabinete José Dirceu, el ex director de Petrobras Renato Duque y otros 5.000 detenidos, una veintena de Lava Jato, pueden beneficiarse con el fallo de la corte. El caso del ex presidente es el que llama la atención en la esfera política, ya que su encarcelamiento lo quitó de la lista electoral vencida por Bolsonaro en octubre pero toda la credibilidad de Lava Jato quedó afectada a raíz de que se revelaron las conversaciones de Moro y los fiscales conspirando contra el PT.
Durante tres meses, el sitio The Intercept Brasil reveló junto con grandes medios asociados a su investigación la trama secreta de Lava Jato, sobre todo a partir del chat del app Telegram del fiscal federal Deltan Dallagnol. Lula, condenado a 8 años y 10 meses de prisión, puede salir actualmente porque ha cumplido un sexto de la pena pero rechazó el beneficio ya que espera ser absuelto por las altas cortes.
Esto está en juzgamiento en el Supremo Tribunal Federal, que tiene ‘dormido’ un habeas corpus de Lula buscando que se declare parcial a Moro, convertido en uno de los principales dirigentes de la llamada nueva derecha y que disputa con su jefe Bolsonaro las intenciones de voto para las presidenciales de 2022.
Es clave en el Supremo Tribunal Federal la posición de la jueza Rosa Weber, quien el año pasado rechazó en un 6-5 contra Lula un habeas corpus, horas después de que el jefe del Ejército de entonces, general Eduardo Villas Boas, amenazara por Twitter con una intervención militar. Hoy Villas Boas es asesor personal en el gobierno del presidente Bolsonaro y su nombre es vivado por los bolsonaristas que se programaron para protestar contra el STF y pedir el juicio político de sus miembros en caso de que la Operación Lava Jato sea deshilachada.
La Operación Lava Jato específicamente recibió un duro revés de la Corte el mes pasado, tras la anulación de dos sentencias dadas por Moro por error de procedimiento al negarle a la defensa acceso a las delaciones premiadas que fueron claves para dictar condenas. Todo el sistema de Lava Jato está bajo revisión en la Corte, lo cual genera amplias tensiones entre los llamados ‘bolsonaristas-lavajatistas”. El espacio oficialista vive una división en el gobernante Partido Social Liberal por la investigación contra sus dirigentes, enfrentados con el presidente.
Lula desestima cambiar a régimen semiabierto
El expresidente brasileño reiteró este jueves que desestima cambiar al régimen semiabierto y que solo está interesado en su inocencia.
“Quiero que los jueces de la Suprema Corte tengan acceso a la verdad del caso y lo anulen. Ya sea que vaya a ser un año más o uno menos, o me vaya a quedar aquí (en la cárcel en Curitiba) o en otro lugar, no importa”, afirmó Lula durante una entrevista que publica el portal UOL.
Reiteró que no quiere cambiar al régimen semiabierto y no da prioridad al juicio que comienza este jueves de las llamadas Acciones Declaratorias de Constitucionalidad (ADCs) por parte del Supremo Tribunal Federal (STF). “Estoy interesado en mi inocencia”, recalca.
La decisión puede conducir a la liberación de Lula, quien remarca que su prioridad absoluta es que el Supremo juzgue el mérito del proceso que lo mantiene en prisión política por más de 550 días, anule la condena sin delito y sin pruebas, y consolide su condición de inocencia.
De aceptarse los argumentos de los ADCs, el exsindicalista seguiría siendo procesado, pero, en teoría, debería esperar en libertad el resultado de los casos en los que se le acusa.
