La segunda medida es no renovar los beneficios adicionales de 2,5% y 3% en concepto de ajustes por encima del mínimo constitucional. Este beneficio no abarca a todos los pasivos, seguirá vigente hasta el 31 de diciembre de 2022. Aseguran que «en ningún caso el afiliado tendrá un nominal inferior al que viene cobrando».
Propuestas de la Caja al Poder Ejecutivo
Además de estos cambios, el directorio de la CJPPU elevó algunas propuestas que necesitan aval del Poder Ejecutivo para entrar en vigencia porque requieren modificaciones legales. Entre ellas, que los profesionales que se declaran en estado pasivo, es decir, no estén ejerciendo como independientes, deban aportar una suma de dinero (no definida en el comunicado) con vigencia «total o parcial en el tiempo, en función de las mejoras que se logren».
También proponen:
- Que el IASS recaudado de afiliados de la caja quede como ingreso de la institución en lugar de volcarse a rentas generales.
- Un aumento de la tasa de aportación, del 16,5 al 18 %, siendo 1 % permanente y 0,5 % transitorio (sujeto a evolución de los resultados económicos financieros de la institución).
- Incremento de gravámenes (timbres) correspondientes a cada escrito o acta otorgado por un profesional en el ejercicio de su profesión que se presente o formule ante órganos públicos estatales o no, y tribunales arbitrales (inciso A); la venta de específicos de uso humano (inciso D); la importación de instrumental médico (inciso H).
- Ratificación anual de las Declaraciones de No Ejercicio.
- Derogación del artículo 772 de la ley de presupuesto nacional del año 2021, que impide el cobro de determinados timbres.
También mencionan que «con una mirada a largo plazo se incluyó como posible medida a ser considerada incorporar a la Caja a los nuevos afiliados dependientes».