La investigación policial encontró en poder de Leiva y su entorno importantes cantidades de dinero en efectivo, además de armas y municiones. Según la investigación, el dinero provenía de actividades vinculadas al narcotráfico y Leiva cumplía un papel en su introducción al sistema financiero.
Montos importantes en billetes chicos
El propio Gandini reconoció públicamente que Leiva era un cliente habitual del local de cobranzas de su esposa y que concurría allí para pagar facturas, principalmente correspondientes al Banco de Previsión Social (BPS) de dos empresas constructoras.
También admitió que los pagos podían alcanzar montos de varios cientos de miles de pesos y que Leiva concurría con billetes de baja denominación.
Según explicó el dirigente nacionalista, las empleadas del local incluso se comunicaban con Leiva para pedirle cambio chico, porque ese dinero resultaba útil para la operativa cotidiana de la caja.
Gandini sostuvo que no se trataba de una operación de cambio de dinero ni de una maniobra de blanqueo, sino del pago de facturas. También aseguró que los movimientos estaban documentados y que el local contaba con controles y cámaras de seguridad.
“Quizás esas facturas tengan que ver con alguna actividad que tiene como destino blanquear dinero. Yo no lo sé. Pero ahí lo que se hace es cobrar facturas”, había señalado el dirigente blanco.
Pero precisamente ese argumento es el que ahora queda bajo cuestionamiento a partir de las consideraciones de Chediak.
El exsecretario de la Senaclaft sostuvo que no alcanza con determinar que formalmente se está pagando una factura: también deben considerarse las características de la operación, el monto, la forma de pago y el comportamiento del cliente para determinar si corresponde emitir un reporte de operación sospechosa.
Una obligación de los sujetos regulados
La discusión remite al funcionamiento del sistema uruguayo de prevención del lavado de activos.
Chediak fue particularmente claro al señalar que las redes de cobranza tienen obligaciones de prevención y que deben reportar aquellas operaciones que presenten características que puedan resultar sospechosas. Radio Carve recogió su posición bajo una definición contundente: las redes de cobranza “están obligadas” a reportar operaciones sospechosas.
La cuestión es relevante porque el caso no gira solamente en torno a si Leiva cometió un delito —algo que ya fue establecido judicialmente—, sino también a si las operaciones que realizaba en determinados circuitos comerciales presentaban señales que debieron haber sido advertidas y comunicadas por quienes intervenían en ellas.
De acuerdo con lo informado públicamente, Leiva utilizaba dinero en efectivo para pagar obligaciones de empresas constructoras y, paralelamente, mantenía una operativa con importantes cantidades de billetes de baja denominación. Búsqueda informó que fuentes vinculadas al caso señalaron que Leiva actuaba como gestor de esas empresas y que se ofrecía a realizar trámites y pagos utilizando dinero proveniente del narcotráfico.
El problema político del Partido Nacional
La declaración de Chediak tiene además una particularidad política. No se trata solamente de un especialista externo que opina sobre el caso.
Chediak integra actualmente la Comisión de Ética del Partido Nacional y fue una de las principales autoridades del sistema antilavado durante el gobierno de Lacalle Pou.
Por eso, sus declaraciones introducen un elemento incómodo para Gandini, dirigente nacionalista y líder del sector Por la Patria.
Gandini ya había negado cualquier responsabilidad y puesto a disposición de la Justicia el local de cobranzas de su esposa. También aseguró que ni él, ni su esposa, ni las funcionarias del comercio habían sido citados o notificados por la Policía o la Fiscalía.
Además, afirmó que el local dispone de 14 cámaras de seguridad y que todos los movimientos podían ser comprobados.
La investigación, sin embargo, continúa. La Fiscalía General de la Nación derivó la investigación específica sobre el eventual componente de lavado hacia la Fiscalía Especializada en Lavado de Activos.
Una pregunta que queda abierta
Hasta ahora, Gandini había insistido en que en el local no se realizaban operaciones de cambio ni se blanqueaba dinero, sino que simplemente se cobraban facturas. Pero la prevención del lavado no se limita a determinar qué servicio formal presta una empresa.
La cuestión que deberá establecer la investigación es si las características de las operaciones realizadas por Leiva —montos elevados, utilización de efectivo y billetes de baja denominación, además de la reiteración de determinadas operaciones— constituían señales suficientes para que el comercio activara los mecanismos de reporte correspondientes.
Chediak entiende que sí.
La Justicia y los organismos competentes deberán determinar, en cambio, si existió alguna omisión y, eventualmente, quiénes serían responsables.
Mientras tanto, la afirmación del exsecretario antilavado coloca una nueva pieza en un caso que comenzó con la condena de un asesor político por lavado de activos y que ahora extiende sus interrogantes hacia los circuitos utilizados para introducir el dinero ilícito en la economía formal.
