El juicio político ahora deberá ser analizado por la Cámara de Senadores. Para expulsar al presidente, se requieren dos tercios de los votos. Si sus detractores logran la vacancia, la línea sucesoria seguiría con el ministro de Interior y Seguridad Pública, Rodrigo Delgado.
La acusación constitucional contra Piñera se produce tras verse implicado en los Papeles de Pandora, al conocerse que un empresario amigo del mandatario compró acciones de la minera Dominga, una firma donde participaba la familia presidencial. La transacción se produjo en 2010, por unos 152 millones de dólares, en las Islas Vírgenes Británicas, un paraíso fiscal.
Al respecto, se sospecha que para recibir un pago, el jefe de Estado habría prometido evitar declarar un territorio como zona de protección ambiental, permitiendo el negocio minero. Por este caso, la Fiscalía ya imputó a Piñera, ante posibles delitos tributarios, de cohecho y soborno.