Según Cardona, firmar contratos con clientes libres en las condiciones actuales, impacta de forma negativa contra la empresa pública, desde varios puntos de vista. En primer lugar, aseguró que "se está fomentando la pérdida de clientes", ya que "a los grandes consumidores que afirman que le seguirán comprando energía en UTE como clientes regulados no acceden a estos mismos beneficios". "La baja de tarifas es solo para los malla oro que han manifestado su intención de adquirir energía a través de un contrato como cliente libre con UTE", sentenció.
El otro problema de este tipo de contratos, prosiguió la directora del FA, es que genera desigualdad entre los grandes clientes. “Lo que sucedió es que el contrato macro que propuso el directorio tenía una tarifa base y plazos determinados para que a UTE sea redituable. Pero cuando comenzaron a venir las empresas de a una, ese convenio inicial se fue modificando y cambiaban las cláusulas y condiciones a pedido del cliente, lo cual permite discrecionalidades. La primera empresa que pidió el beneficio fue Efiice y se perjudicó, ya que posteriormente se le mejoró el contrato al segundo y al tercer cliente. Actualmente, los contratos no se guían por condiciones mínimas convenientes para la empresa, ni responden a criterios técnicos, económicos o jurídicos y de tan flexibles terminan siendo arbitrarios por parte de la administración. Las decisiones que tienen que ver con el corazón del negocio de UTE tienen que tener esos criterios, de lo contrario se atenta contra el interés de la propia empresa y de la ciudadanía. ¿Somos un país serio si habilitamos contratos según quien venga a pedirlos?”, cuestionó.
Los grandes consumidores de UTE son aproximadamente mil y están definidos por la normativa vigente como aquellos clientes que consumen una cantidad de energía significativa. Según Cardona, estos clientes consumen casi el 20% de lo que UTE genera y se les exige un consumo mínimo mensual de 250 kilowatts de potencia contratada. Resignar parte de los ingresos que provienen de estas firmas se traduce en una falta de millones de dólares que impactará en la gestión cotidiana de UTE.
Además, la jerarca cuestionó el argumento con el que la administración actual de UTE instaló este tipo de modalidades contractuales, basándose en la existencia de un generador de energía privado que aún no existe, es decir, en un “mercado ficticio”, ya que la empresa Ventus anunció que se instalaría en el país en 2023. “Cuando las compañías Coca-Cola y Central Lanera manifestaron que optarían por comprarle energía a Ventus, la actual gerencia general de UTE elevó un informe que, en términos generales, planteaba la necesidad de ofrecerles algo a estos grandes clientes para que no se fueran. Esa fue la excusa para proponer que aquellas bonificaciones que se solían otorgar con determinadas condiciones pasen a ser algo dado sin contraprestaciones. Consideramos muy perjudicial para los intereses nacionales que sea la UTE la que fomente, en base a un mercado inexistente, su propia muerte.”.
“Actualmente no hay una competencia real para UTE, por lo cual tomar esta decisión es inoportuna y perjudicial, tanto para la empresa como para la gente, ya que la pérdida de ingresos que implican estos contratos se traducirá en el aumento tarifario de los hogares”. Y añadió: “Después de toda la inversión pública y el esfuerzo que hizo el país en estos años, y que posibilitó cambiar la matriz energética y bajar los costos, la ciudadanía va a terminar pagando el beneficio que se les da a los grandes clientes, mientras que los hogares no tienen la opción de pedirle a UTE una rebaja especial”, añadió.
Para finalizar, Cardona se preguntó dónde está el beneficio de la empresa pública. “UTE está sosteniendo la inversión que hizo, sigue haciendo aportes a Rentas Generales para políticas públicas que no vemos en la calle y, además, les otorga regalos sin contraprestación a grandes clientes”.
