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Miembro interpelante denunció que lo "mandaron a vigilar" y Civila lo paró en seco

Interpelación por muertes de menores a cargo del INAU finalizó sin una declaración de respaldo ni de rechazo ministro Gonzalo Civila.

Para el miembro interpelante, el diputado del Partido Nacional (PN) Pedro Jisdonian, en cambio, las explicaciones que dio el gobierno este martes no fueron satisfactorias. “Yo hoy, además de las respuestas, esperaba escuchar algo de autocrítica, y la autocrítica no llegó, llegaron excusas”, afirmó.

Tensiones políticas

El debate tuvo momentos de discusión acalorada, sobre todo al inicio, cuando el diputado interpelante llegó a denunciar que lo habían mandado “a vigilar” por parte del gobierno, luego de que se reuniera con “las familias” de los muertos, algo que no era “propio de un país democrático, sino que es más de la KGB”. La respuesta de Civila, que protestó contra el tono del interpelante, rechazó de plano una “referencia de este tipo” y “cualquier acción institucional” que pudiera estar vinculada “a esa referencia”.

“Nos queríamos poner a disposición de, en caso de que exista evidencia, acompañar al diputado a hacer la denuncia pertinente. Es algo grave hablar de una persecución o seguimiento en democracia”, denunció también el ministro.

La postura del INAU

Sobre el fondo del asunto, la presidenta del INAU, Claudia Romero -que estuvo en sala junto a otras autoridades del instituto y el titular del Mides, Gonzalo Civila-, dijo en conferencia de prensa que se encontraron con un “sistema de protección débil, en una situación crítica”. “Se nos criticó por hacer diagnósticos, pero la profundidad de la información permite tener evidencia clara para trabajar en políticas públicas que sean asertivas”, manifestó.

A su vez, durante la interpelación, la jerarca explicó que hay un “núcleo estructural que explica” las muertes que sucedieron en el INAU en 2025. Sucede, según indicó en su intervención, que “más del 70% ocurrieron vinculados a dos dimensiones: ser mayor de edad o estar en situación de discapacidad”, dos factores que generan “comorbilidades que suben el riesgo de fallecimiento”.

Al mismo tiempo, Romero recordó que los niños y adolescentes que están en el “sistema de protección especial” del INAU “son los más vulnerables” y que “llegaron allí porque sus entornos familiares no pudieron sostenerlos”. Pero señaló en la sesión: “Vamos a ser precisos en algo que no siempre se dice con suficiente claridad: no se puede reparar en 12 meses el daño estructural histórico de muchísimos años”.

Según los datos oficiales que se presentaron, hubo 190 muertes en el sistema de protección especial de 2015 a 2025. Si se pone la lupa en el último año hubo 20, de los cuales ocho fueron niños, niñas y adolescentes y los 12 restantes mayores de edad.

A esto se le sumó que en 2026 hubo 10 fallecimientos, cinco y cinco de cada grupo de edad.

Claudia Romero, presidenta del INAU, se refirió a dos factores externos que influyen y estresan de manera directa la capacidad de atención y cuidado del organismo.

Una es que la población en el sistema de protección especial creció un 1,1% entre diciembre de 2024 (7.901 personas) y el mismo mes de 2025 (7.988).

Otro es que en cinco años hubo “un aumento acumulado de 200% de la demanda de atención por oficios del Poder Judicial”.

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