En este sentido, el documento de Cepal no solo incluye un simple ranking de inversiones, sino que también propone un programa dirigido a la recuperación económica y a mitigar los efectos sociales. A este aspecto sería importante que el gobierno y los actores políticos le prestaran atención, ya que la orientación de la política económica se distancia profundamente de ellos. La organización internacional propone que “los esfuerzos fiscales de la región estén alineados con la necesidad de fortalecer los sistemas sanitarios, apoyar los ingresos de los hogares y proteger la capacidad productiva”, objetivos que nuestro gobierno ha decidido específicamente contrariar. Para comprobarlo, basta solo mirar la ley de Presupuesto, absolutamente contractiva de la inversión en todas las áreas, y a la propuesta de pérdida de salarios generalizada que afectará decididamente el mercado interno. Si Uruguay continúa en los últimos lugares del ranking, los próximos años será responsabilidad exclusiva del gobierno y de su modelo económico.