Accionar sistemático
Si bien López admitió que las administraciones del FA recibieron observaciones del tribunal de cuentas, dice que llama la atención la cantidad enorme de observaciones, equivalentes a millones de pesos acumuladas en tan pocos meses.
"No se trata de errores administrativos, sino de una forma de gobernar que soslaya los mecanismos legales para tomar decisiones rápidas", aseguró López. El documento de la Oficina de Contaduría confirma que la Intendencia alcanzó la cifra de 2.300 observaciones del Tribunal de Cuentas por un monto total que supera los 448 millones. La recurrencia muestra que la administración de Carlos Albisu opera bajo una modalidad de "gasto observado" constante para eludir controles.
La observación más frecuente (Art. 15 del TOCAF) es realizar gastos sin disponibilidad presupuestal, es decir, gastar dinero que no se tiene asignado. Se señalan múltiples casos de compras directas sin licitación ("compras a dedo") y fraccionamiento del gasto para evitar controles mayores.
Cargos políticos: cuadro comparativo
El cuadro comparativo de presupuestos muestra una disparidad enorme entre la gestión actual (Albisu) y la anterior (Lima) en relación a la estructura de cargos. Regino López señaló que se pasó de 11 cargos de confianza a 44, multiplicando por cuatro la estructura política. "El costo de estos cargos en el quinquenio asciende a 12,7 millones de dólares", lo que representa una diferencia de 9,3 millones de dólares más que la gestión anterior.
“La administración anterior tenía 10 directores, hoy hablamos de una estructura mucho más pesada y costosa”, afirmó López.
Los cargos de confianza y las designaciones directas no son lo mismo y no perciben el mismo salario. Según el edil una designación directa equivale a un G12, en ese escalafón estaban los 16 coordinadores del Frente Amplio, no en cargos de confianza.
En el período que gobernó Lima los cargos de confianza eran 10 más el secretario general, informó López. Los cargos de confianza ganan un porcentaje del sueldo del intendente, por lo tanto son más "caros".
Es notoria la diferencia entre soportar el gasto de 10 cargos de confianza, más el secretario general, más 16 designaciones directas a tener 44 cargos de confianza, por ahora, para todo el quinquenio.
El ex jerarca departamental considera que lo más grave siguen siendo los casi 300 despidos que considera, él y el sindicato como arbitrarios. "Asume el gobierno, la derecha deja sin trabajo a 291 trabajadores por una violación de convenio colectivo y argumenta una crisis que después queda demostrado que no fue tal", expresó López.
Saltándose los controles
Los comprobantes de pago (PPR) de 2026 muestran cómo la administración ignora las advertencias de los contadores delegados. El Contador observa el gasto por ser ilegal (falta de documentación, falta de rubro), pero el Intendente o sus ordenadores (como Carlos Broglio o Nicolás Irigoyen) firman una "Reiteración de Gasto" por "razones de funcionamiento".
La documentación interna de la Oficina de Contaduría obtenida por Caras&Caretas confirma esta tendencia. Solo en el rubro de "gastos sin disponibilidad presupuestal" (Art. 15 del TOCAF), la Intendencia acumuló observaciones por cientos de millones de pesos durante 2025 y principios de 2026. Un ejemplo concreto es el pago a proveedores como La Prensa SRL por $128.000, observado por falta de rubro y reiterado por "razones de funcionamiento".
Se han pagado así facturas a medios de prensa y productoras (La Prensa SRL, Radio Libertadora, J.V.R. Producciones) por montos que van desde los $30.000 hasta los $128.000, todos ellos observados inicialmente por irregularidades.
"Hipotecando el futuro"
La administración alega una crisis financiera para despedir personal y pedir un préstamo de 60 millones de dólares a pagar a 20 años, pero al mismo tiempo crea nuevos cargos de confianza de alto costo y gasta millones de pesos de forma irregular, saltándose los procedimientos de control de la DGI y el TOCAF.
Regino López denunció una "actitud egoísta" en la aprobación de un endeudamiento de 60 millones de dólares a pagar en 20 años. Según el entrevistado, esto condiciona a las próximas tres administraciones departamentales, impidiendo futuras inversiones debido al peso de la cuota de una deuda contraída para obras que, en muchos casos, podrían haberse financiado con recursos propios.
"Estamos endeudando este gobierno y tres gobiernos más... es hipotecar las posibilidades que tenemos los salteños. Por 20 años vamos a tener que pagar una cuota de una deuda que seguramente no nos va a permitir volver a invertir en el arreglo de algo que se rompa", sentenció.
*No se puede ignorar el reciente fallo de la JUTEP, que calificó como un "acto de corrupción" la designación del hijo del Secretario General en un cargo relevante. Este antecedente le da un marco ético muy complejo a las 2.300 observaciones del TCR.
