En septiembre de 2009 perdió su casa en Fort Lauderdale (Florida) al no poder hacer frente a la hipoteca. Hasta el pasado enero se dedicaba a repartir pizzas en la furgoneta, que también era su casa rodante, tapizada con imágenes de Trump, fotos del Ku Klux Klan y símbolos en contra de los gais.
El imputado fue arrestado sin derecho a fianza en octubre después de una persecución de cuatro días. Una huella digital en uno de los paquetes jugó un papel clave para identificarlo. En un comienzo dijo que no era culpable de las acusaciones en su contra.
Ninguno de los paquetes explotó, pero como aclaró en su día el director del FBI, Christopher Wray, no eran bombas falsas las destinadas a personalidades como el actor Robert De Niro, el multimillonario activista George Soros, y los senadores -y actuales precandidatos presidenciales demócratas- Cory Booker de Nueva Jersey y Kamala Harris de California.
Los funcionarios federales calificaron el caso de los paquetes bomba como un «ataque terrorista doméstico». El círculo de los afectados responsabilizó a Trump por el clima de crispación y polarización que se respira en EE UU. El mandatario contraatacó con dardos a la prensa, argumentando que la rabia que siente la sociedad «es causada por las informaciones deliberadamente falsas e inexactas».
Los paquetes enviados a través del correo postal de EE UU estaban dirigidos principalmente a Nueva York, pero también hubo algunos con destino a Florida, Delaware y California. Todos fueron interceptados antes de alcanzar sus objetivos previstos y nadie resultó herido. Los artefactos caseros estaban contenidos en sobres convencionales idénticos, y en el remite figuraba, con una falta de ortografía, el nombre de Debbie Wasserman Schultz, congresista demócrata por un distrito del sur de Florida.
