En dicha defensa se hizo referencia a las acciones llevadas adelante por las autoridades de la cartera respecto a la atención que se le dio a Hernández, agrega. “Conforme los diversos escritos allí presentados, las acciones fueron catalogadas como inspiradas en principios «garantistas», de «buena fe», de «profunda solidaridad» y de «empatía» para con las víctimas”, precisa.
Hacia el archivo
Para Carrera resulta “insólitamente contradictorio que se alegue buena fe y justicia, como elementos principales de la respuesta que dio el Ministerio del Interior a quien fuera víctima de un accionar irresponsable de un funcionario policial y, luego —casualmente tras nuestra denuncia por la entrega del puerto de Montevideo— se nos persiga penalmente invocando razones contrarias a aquellos argumentos esgrimidos oportunamente”.
Más adelante indica que “resulta muy doloroso haber soportado ser víctima de espionaje y persecución política de parte de autoridades que abusaron de ese poder público conferido por el soberano”.
“Por cumplir con el mandato que me otorgó la ciudadanía, en tanto me confirió el alto honor de asumir una banca en el Senado de la República para ejercer el rol de oposición y denunciar lo que se tenía que denunciar, sufrí espionaje y persecución política”, sostiene.
Y finaliza recordando que “habiendo ocupado cargos de altísima responsabilidad como los que hoy ocupan los autores de esta operación, los gobernantes del Frente Amplio jamás utilizaron el poder público para perseguir a la oposición o armar causas como esta”.