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Por Germán Ávila
En las calles de Ecuador aún se ve el humo de las barricadas del levantamiento popular más grande de las últimas décadas; las huellas que deja el neoliberalismo se extienden por el continente y ahora tocan tierra chilena. Al cierre de esta edición el levantamiento popular que está desarrollándose en Chile va con un desafortunado conteo de 15 personas muertas, casi 100 heridos y 190 personas detenidas, a lo que se le deben sumar siete regiones, dentro de las que está Santiago, bajo toque de queda.
Las violentas protestas se iniciaron el jueves 17 de octubre ante el anuncio del alza en el costo del boleto del metro en la capital, que es uno de los más caros de la región en comparación con los ingresos medios de la mayoría de la población. El boleto de metro, que cuesta US$ 1,17, se ha convertido en uno de los mayores gastos para muchas de las familias santiagueñas, llevándose hasta un 30% del total de sus ingresos mensuales.
Las protestas se iniciaron con los estudiantes convocando a evasiones masivas en las líneas de metro, donde cientos de jóvenes pasaban las registradoras sin pagar, esto como forma de protesta ante el anuncio del gobierno de aumentar casi en un 10% el valor del boleto; rápidamente las protestas fueron subiendo de temperatura hasta que finalmente estallaron y terminaron en quemas de las estaciones del metro y disturbios en varias localidades.
La respuesta de Piñera no se hizo esperar y de acuerdo con el modelo ya ensayado y establecido, le soltó la cadena al aparato militar y policial que salió a reprimir brutalmente a los manifestantes, con los carabineros y el ejército en las calles actuando con carta abierta para que, como siempre, hicieran lo necesario para restablecer el orden.
Los acontecimientos de los últimos días en Chile son preocupantes debido a la ferocidad con que han reaccionado las fuerzas de seguridad del Estado, el nivel de la violencia ejercida contra quienes están en la calle ha sido desbordado, disparos, golpizas y detenciones arbitrarias han sido parte del accionar de los efectivos que se han desplegado a lo largo del país en la crisis institucional más profunda desde el regreso a la democracia en 1990.
Las imágenes que recorren las redes sociales de los atropellos cometidos por las fuerzas de seguridad en Chile son muchísimas, una de las más impactantes es la de varios miembros del ejército arrastrando el cuerpo inerte de un joven, mientras la gente grita desconsolada afirmando que fue asesinado por ellos mismos. Pero la cantidad y vehemencia de las protestas no se vio disminuida con la salida del ejército y la declaratoria del toque de queda, por el contrario, estas medidas enardecieron más a los manifestantes que decidieron no obedecer la orden del toque de queda y continuar en las protestas.
Muchos análisis sobre la situación en Chile han concluido que en realidad el aumento del precio del boleto fue la excusa que ha canalizado un enorme descontento social acumulado durante décadas de la aplicación de un modelo neoliberal que ha convertido a ese país en uno de los de mayor desarrollo económico, pero junto con Colombia, con la peor tasa de distribución de la riqueza en la región.
Los criterios que se ven en los análisis económicos de los think tank del neoliberalismo chileno para justificar los costos del transporte se sustentan en las cifras generales de crecimiento económico en ese país; hablan de que los costos del transporte están perfectamente justificados debido a que Chile presenta el PIB per cápita más alto de la región, pero los números también pueden tener trampas aparejadas, pues los altos ingresos que muestran las gráficas están quedando en poquísimas manos y los beneficios a nivel social no se están viendo reflejados en la cotidianeidad de los grandes sectores de la población chilena.
En este marco uno de los factores que mayor debate ha suscitado es el de la presencia de los militares cumpliendo tareas de policía y seguridad interna, lo que ha despertado en la sociedad el amargo recuerdo de los tiempos de la dictadura, cuando el omnipresente ejército era juez, parte y verdugo de los conflictos en la sociedad. Mientras tanto el gobierno desde los grandes aparatos de propaganda trató inicialmente de desviar la atención del fondo de las protestas recurriendo a la fórmula que hoy está a la mano en cualquier lugar donde se eleve una protesta contra el neoliberalismo y sus consecuencias: Venezuela.
Fueron varios los personajes de la derecha chilena (gobierno incluido) que salieron atropelladamente a señalar a Nicolás Maduro como el responsable de conducir y financiar las protestas que estaban teniendo lugar en Chile. El gobierno venezolano pasó de estar tambaleando y con las horas contadas en febrero, a llegar a octubre con la capacidad política y logística para generar monumentales protestas que han tenido la capacidad de desestabilizar a Chile, Ecuador, Haití, Colombia y Honduras.
En ese mismo sentido otro de los grandes desatinos de Piñera fue el de anunciar el toque de queda como una medida de “guerra”, lo que causó un profundo rechazo en la sociedad en general, e incluso motivó un pronunciamiento de su antecesora Michelle Bachelet, quien ahora se desempeña como Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la ONU, y exhortó a Piñera a abandonar “el uso de la retórica inflamatoria”, aunque su papel como comisionada en el caso de Chile, Ecuador, Honduras y Haití, particularmente, dista mucho de ser tan minucioso en el establecimiento de las responsabilidades del Estado en los hechos de violencia, como en el informe que presentó precisamente sobre Venezuela.
Pero desde la perspectiva multilateral regional contemporánea, de lejos el mayor papelón lo sigue cumpliendo la OEA; es difícil encontrar un organismo que tenga una visión más sesgada, pues ha sido esta, en cabeza de Almagro, la encargada de ponerle un sello institucional a la afirmación de que la desestabilización de la región es producto de un mandato emanado desde el palacio de Miraflores, y no un inevitable producto de los años de exclusión y maltrato a los que ha sido sometida la población de muchos países de la región, que hoy ven cómo de manera vertiginosa en algunos casos pierden las conquistas sociales logradas y en otros se profundiza un modelo que arroja a cada vez más gente a la pobreza bajo la eterna esperanza de que mañana todos serán ricos y prósperos.
Al cierre de esta edición, la Central Unitaria de Trabajadores de Chile (CUT) convocó una huelga general de 24 horas, medida que desafía el toque de queda impuesto por Piñera y empieza a aglutinar poco a poco una serie de protestas dispersas que están siendo aprovechadas para cubrir actos de vandalismo que terminan deslegitimando el carácter político de las protestas y sirven como excusa para el uso desmedido de la fuerza por parte del Estado.
Aunque Piñera ya ha tenido que recular públicamente, primero por sus medidas respecto al transporte y luego por sus dichos de declaración de guerra, la población parece no creer en sus palabras, sobre todo luego de que tras haber salido en cadena nacional a ofrecer sus más sentidas excusas por no haber visto el descontento acumulándose en su gente y pidiendo comprensión, los efectivos de los carabineros se dedicaron toda la madrugada del 23 de octubre a realizar allanamientos y detenciones focalizadas contra posibles dirigentes de la huelga convocada para ese día.
La situación que ocurre en Chile, el país modelo del neoliberalismo regional, es la muestra de que el crecimiento, cuando no es para todos, no es crecimiento y que el descontento popular ante las necesidades más sentidas de la población poco a poco o de golpe busca salir y ser oído.