Según recordó el diario La Tercera, en las municipales de 2012 la abstención llegó a 57% y en las de 2016 subió a 65,1%. En las presidenciales de 2013 y 2017 superó por poco el 50%. Con estos porcentajes, algunos dirigentes políticos consideraron que se podía llegar a plantear un problema de legitimidad debido a la baja participación de la ciudadanía en las elecciones.
Ese fue uno de los ejes en el debate parlamentario en las dos cámaras. Para la izquierda, se trata de asumir colectivamente una responsabilidad, mientras que la derecha argumenta que la decisión individual debe ser impulsada por otras vías, de acuerdo con las intervenciones recogidas por La Tercera y El Mostrador.
El proyecto que está en proceso de aprobación establece el voto obligatorio para las distintas elecciones de cargos, pero no para las primarias de los partidos, en las que se mantiene la participación voluntaria. No establece una sanción para quien no vote, y ese fue un motivo de críticas al texto. Expresa que “será el Estado quien arbitrará las acciones necesarias para informar, facilitar e incentivar el ejercicio del derecho a sufragio”.
La iniciativa fue enviada a la Comisión de Constitución de Diputados para que la discuta y presente su informe el 7 de octubre. De acuerdo con El Mostrador, también se han presentado otros proyectos para facilitar el voto. Uno favorece la cercanía del votante con el circuito que le corresponde, y otros apuntan a facilitar el acceso al transporte público y habilitar nuevas vías de sufragio.