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Tras el anuncio del presidente Sebastián Piñera de cambios en su gabinete, presionado por las movilizaciones que ya llevan más de una semana, la población salió en masa a marchar por las calles de Santiago y de las ciudades más importantes.
En Concepción la marcha fue pacífica, pero se registraron algunos incidentes como el saqueo en una tienda en el centro y la colocación de barricadas.
En Valparaíso se produjeron enfrentamientos entre manifestantes y efectivos de las Fuerzas Especiales de Carabineros, que llegaron hasta el sector donde se emplaza el Congreso Nacional.
Mientras tanto en Antofagasta, usuarios de redes sociales denunciaron cortes y barricadas en las principales calles y mostraron a personas arrojando piedras para interrumpir el tránsito.
Sin embargo, las principales acciones de los manifestantes se concentraron en Santiago, donde hubo incidentes en Plaza Italia, en el barrio de San Miguel, y en los alrededores de la sede de Gobierno, el Palacio de La Moneda.
Las movilizaciones comenzaron el lunes 14 de octubre debido a un alza de 30 pesos (menos de un dólar) en el precio del pasaje del Metro de Santiago: cientos de estudiantes y trabajadores saltaban por encima de los torniquetes de pago del tren subterráneo en las llamadas «evasiones masivas».
Abogados denuncian
Un grupo de 388 abogados denunció que muchas Comisarías de Carabineros y cuarteles de la Policía de Investigaciones (PDI) han impedido u obstaculizado el acceso a los registros o listados de detenidos, pese a que estos son públicos según señala la Constitución Política.
Mediante una carta, este gran grupo de profesionales aseguraron que “de manera voluntaria, estudiantes de Derecho, egresados/as y abogados/as de diversas organizaciones nos hemos desplegado, en gran parte del territorio nacional, para contribuir a proteger los derechos humanos de las personas detenidas”.
Esto en el contexto de las manifestaciones sociales que se han realizado durante el Estado de Emergencia en el país.
Carabineros y PDI impide el acceso a estos registros “argumentando que sólo se permite el acceso a los observadores acreditados del Instituto de Derechos Humanos, o bien, señalando que debe requerirse dicha información por medio de una solicitud por ley de transparencia”.
(En base a Sputnik y Nodal)