Durante la reunión, Ignacio Alonso y Eduardo Ache habrían manifestado a Orsi la necesidad de evitar sanciones económicas a la Conmebol durante la definición del torneo continental. Los dirigentes enfatizaron el impacto económico de la final, proyectado en más de U$S 50 millones en divisas y turismo para el país. Asimismo, señalaron que Uruguay debe actuar con "inteligencia" para no perder los recursos que la industria de las apuestas aporta al fútbol ni comprometer la organización del Mundial 2030. Sin embargo, otras voces se han expresado en los últimos días y revelaron las presiones que el máximo referente de Conmebol junto a dirigentes de AUF habrían realizado a Uruguay.
Las denuncias de presión externa
El periodista y comunicador Josema, a través de su espacio digital La Locura de Bielsa, calificó la reunión como un "apriete externo" deliberado contra la soberanía legislativa de Uruguay. Según su análisis, existe una "alianza muy clara entre FIFA y las casas de apuestas más grandes del planeta con un negocio de miles de millones de dólares", en la cual Uruguay representa el obstáculo regulatorio principal en la región.
“No es de recibo que un organismo internacional del mundo del fútbol como es Conmebol vaya por la vida apretando países para cambiar la legislación de un país a las bravas con amenazas...”.
En su exposición, detalló la reunión mantenida por Alejandro Domínguez con el presidente Yamandú Orsi y sus colaboradores en la residencia de Suárez y Reyes, revelando las exigencias planteadas por la Conmebol:
“Como no legalicéis las casas de apuestas en Uruguay (...) no vais a volver a organizar una sola final de Copa Sudamericana ni de Copa Libertadores”.
El comunicador advirtió que las presiones incluyen la amenaza de revisar la localía de Peñarol y Nacional en certámenes internacionales y condicionar el apoyo a Uruguay para el Mundial 2030. Asimismo, señaló directamente la labor de Eduardo Ache dentro de este esquema: "Eduardo Ache se pasó más de medio mundial en vez de estar a lo que tenía que estar (...) presionando y presionando y presionando y amenazando a todo hijo de vecino con que si no se legalizaban las casas de apuestas en Uruguay (...) Uruguay iba a pagar las consecuencias en su fútbol".
La encrucijada de la Copa Libertadores y la respuesta del Poder Ejecutivo
El conflicto normativo alcanzó su punto crítico tras la designación del Estadio Centenario para albergar la final de la Copa Libertadores. La Conmebol mantiene contratos de patrocinio institucional con la firma Entain (Sportingbet y Bwin), mientras que cinco de los ocho clubes clasificados a las instancias decisivas del certamen en 2026 —incluyendo a Flamengo, Palmeiras, Fluminense, Corinthians e Independiente del Valle— lucen casas de apuestas en sus indumentarias. A modo de ejemplo, Betano abona cerca de U$S 45 millones anuales al Flamengo, en tanto Sportingbet aporta unos U$S 30 millones anuales al Palmeiras.
Puesto que la legislación uruguaya prohíbe esta publicidad, el Ministerio de Economía y Finanzas impone multas periódicas a la Conmebol —que han alcanzado montos de U$S 60.000 por la emisión de marcas como Betfair—, las cuales son posteriormente trasladadas a la AUF y a los clubes locales.
Durante el encuentro en Suárez y Reyes la delegación deportiva solicitó un marco de flexibilización o "solución inteligente" para evitar sanciones durante la final.
Los zorros cuidando el gallinero
La trastienda detrás del impulso por flexibilizar el mercado de las apuestas en Uruguay responde a una red de intereses donde convergen altos dirigentes deportivos, figuras políticas y corporaciones internacionales. De acuerdo con las investigaciones de Caras y Caretas, el eje articulador de esta ofensiva se proyecta desde Asunción bajo la conducción del presidente de la Conmebol, Alejandro Domínguez, en lo que se define como una estructura de fuerte injerencia ejecutada localmente por una red de aliados en los círculos de poder político y económico uruguayos.
Bajo la administración de Domínguez, la Conmebol ha estrechado lazos comerciales con multinacionales del juego como la británica Betfair, lo que generó fuertes rispideces institucionales cuando la Dirección Nacional de Loterías y Quinielas intimó y multó al organismo con unos 60.000 dólares en 2022 por exhibir publicidad no autorizada. Esta medida provocó la reacción de los operadores vinculados a la confederación sudamericana, quienes llegaron a advertir a legisladores y autoridades que insistir con el cobro o mantener trabas normativas pondría en riesgo la participación y el respaldo a Uruguay para el Mundial 2030.
En el terreno local, la ejecución de esta agenda encuentra su soporte operativo en la conducción de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF), encabezada por Ignacio Alonso. El exdirigente de Rampla Juniors, ha promovido activamente el interés por ampliar la gama de apuestas deportivas en el país, impulsando presentaciones ante inversores a pesar de que la AUF arrastra pérdidas acumuladas de casi 20 millones de dólares desde la intervención de 2018.
Junto a Alonso emergen las figuras de Eduardo Ache y Pedro Bordaberry como articuladores decisivos en el cruce entre el fútbol profesional, la política parlamentaria y los negocios del juego. Ache, quien se desempeña simultáneamente como integrante del Consejo Ejecutivo de la AUF y vinculado al Club Nacional de Football. En el plano político su raigambre es pachequista, con un pasaje como asesor económico de Cabildo Abierto, y en los últimos tiempos habría retornado a filas del Partido Colorado. Hay quienes especulan que su regreso a los estamentos directivos del fútbol fueron una excusa para posicionarse cerca de las grandes cajas presupuestarias y de infraestructura.
En su intervención parlamentaria de 2022, como representante de la AUF, Ache defendió abiertamente el rol de las casas de apuestas argumentando que el fútbol cumple una función social superior a la prevención de la ludopatía planteada por los legisladores, al tiempo que abogaba públicamente por hallar un equilibrio comercial. Según lo expresado por Josema en La locura de Bielsa, Ache aparece como un operador central que dedicó gestiones a presionar a dirigentes con la advertencia de que, si no se legalizaban las apuestas, el fútbol uruguayo sufriría el cierre del grifo financiero e institucional.
Por su parte, el senador Pedro Bordaberry, quien encabezó en 2018 la comisión normalizadora de la FIFA que tomó el control de la AUF —período desde el cual el ente rector acumula millonarias pérdidas—, aparece fuertemente vinculado a la promoción de las apuestas y a las Sociedades Anónimas Deportivas (SAD). Caras y Caretas detalló hace un mes que Bordaberry, exdirigente de la SAD propietaria del Montevideo City Torque, se vio beneficiado por la gestión de la AUF cuando el primer desembolso del fideicomiso que absorbe los excedentes de IVA generados por las apuestas deportivas fue destinado directamente al complejo de desarrollo juvenil de su club.
De este modo, la convergencia entre Domínguez, Alonso, Ache y Bordaberry teje una trama donde los intereses de las multinacionales del juego en línea se entrelazan con la política parlamentaria y la gestión deportiva, impulsando reformas legislativas que buscan derribar el modelo restrictivo uruguayo
Lo que verdaderamente debería importar: salud pública y evidencia Internacional
Los riesgos sociales señalados por los reguladores locales están respaldados por organismos internacionales. Un informe de la Organización Mundial de la Salud (OMS) de 2024 advirtió que los ingresos globales de la industria de las apuestas alcanzarán los U$S 700.000 millones para 2028, recomendando la prohibición total del patrocinio de apuestas en el deporte. De igual forma, una investigación publicada en The Lancet en septiembre de 2024 alertó sobre la grave amenaza que representa la expansión de las apuestas en línea para la salud mental en América Latina. Concretamente la OMS, señala que: “Los juegos de azar y de apuestas pueden causar daños graves en la salud, por ejemplo: dificultades financieras, ruptura de relaciones, violencia doméstica, enfermedades mentales y suicidio. Las consecuencias de los daños provocados por los juegos de azar y de apuestas pueden perdurar durante toda la vida y transmitirse de una generación a otra”.
La resolución que adopte el Estado uruguayo frente a los planteos de la Conmebol y sus interlocutores locales sentará un precedente clave respecto a la preservación de su soberanía jurídica frente a las presiones de la industria del entretenimiento deportivo. No todo puede medirse en función del dinero, y tampoco se puede estar al servicio de los negocios multinacionales, en detrimento de la salud pública y de las inversiones nacionales.
