La CIDH manifestó que «observa con extrema preocupación la interpretación de las normas realizada en el informe jurídico en que el Secretario General funda su decisión, según la cual el Reglamento de la CIDH es una mera interpretación no vinculante del Estatuto de la CIDH y de la Carta de la OEA y que, por lo tanto, el Secretario General no está obligado a cumplirlo».
«Dicha interpretación desconoce, además, la norma y la práctica vigente que ha sido consistentemente sostenida desde el año 2000 y que fue aplicada tanto en 2012 como en 2016 para la selección y designación de los dos últimos Secretarios Ejecutivos y también para la última renovación del Relator Especial Edison Lanza en 2017 y de la Relatora Especial Especial DESCA, Soledad Garcia Muñoz en 2020. Asimismo, la interpretación de las normas a las que alude el Secretario General es contraria a la opinión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), que ha establecido que la CIDH “como órgano del sistema interamericano de protección de los derechos humanos, tiene plena autonomía e independencia en el ejercicio de su mandato conforme a la Convención Americana sobre Derechos Humanos”», continúa el comunicado.
La CIDH seleccionó a Abrao en julio de 2016 y, de acuerdo con lo estipulado por el Reglamento de la Comisión, remitió el nombre a Almagro, entonces en su primer mandato, quien confirmó la selección y lo designó por un período de cuatro años.
OEA sostiene que investigan denuncias en contra de Abrao
La Organizaciones de Estados Americanos emitió un comunicado refiriendo que «no se ha podido avanzar en el proceso de designación del Secretario Ejecutivo de la CIDH debido a la existencia de decenas de denuncias de carácter funcional que han sido presentadas ante los mecanismos institucionales encargados de (…) de procesar sobre posibles violaciones de sus derechos».
El comunicado añade también que » lamentamos que CIDH, que ha tenido conocimiento de decenas de denuncias, en algunos casos por meses, no haya dado traslado de las mismas, a las oficinas del Inspector General, para su sustanciación, lo cual se debió realizar en definitiva por la Secretaría General. Esta falta de tramitación es un duro golpe a su credibilidad»
En el mismo comunicado Luis Almagro deja claro que respeta la presunción de inocencia de Abrao ante estas denuncias «así como que no hay impunidad ni indefensión respecto a denuncias de violación de derechos de funcionarios y funcionarias dentro de la CIDH».
