Los avances en Uruguay
Se ha logrado muchísimo -entre estas y otras tantas situaciones- desde que regresé al país en 1983 y me encontré, asombrado, con una curiosa autoimagen y autoestima uruguaya laica, pero que más bien parecía un enclave medieval católico en varios temas y sobre todo en lo relativo a drogas.
Fue la investigación universitaria y la actividad de las ONG de la sociedad civil lo que fue haciendo la diferencia, ‘civilizando’ el debate y la convivencia. A mediados de los 90, ONG de derechos humanos toman el tema, militan, trabajan, buscan financiación externa y finalmente interesan a la sociedad política, que debate el tema en cada interna partidaria y finalmente se consigue la ley de 2013, que implica un cambio radical en la convivencia, la calidad del consumo y la seguridad del acceso al cannabis.
Desde la aplicación de la ley la persecución policial y el acoso judicial disminuyen, como corresponde a la ínfima importancia de las transgresiones -si es que lo son-. También disminuye la riesgosa circunstancia de ir a bocas poco seguras, con la incertidumbre por cantidad y calidad que conlleva, y termina finalmente la ridícula convivencia de fumadores de marihuana con delincuentes pesados.
Así como a principios del siglo XX, mientras Estados Unidos imponía la ley seca, en Uruguay se creaba Ancap como empresa pública de refinería de alcoholes. En esta nueva época de hegemonía y dominación norteamericanas, con la legislación internacional presente desde 1961 contra las drogas, Uruguay hace algo semejante para mostrar nuevamente al mundo el ejercicio responsable de su soberanía gubernamental. Pepe Mujica, hacia el final de un proceso en el cual él fue uno de los importantes eslabones pero que no estuvo entre los pioneros, lo señaló con su habitual pintoresquismo político: “Tenemo’ que hacer como hizo Pepe Batlle con el alcohol y Ancá (Ancap): si la gente no va a dejar de chupar…”
Temas a trabajar en el futuro
Uno: El acceso de (casi) todos y el mercado gris. Entre la venta registrada en farmacias (hoy 17), los clubes cannábicos (más de 100) y los autocultivadores (más de 1.000), el mercado negro, con todos sus problemas, peligros e incertidumbres, se ha reducido y podría reducirse mucho más. Existe el problema de la medición y tratamiento del llamado mercado gris, entre el blanco legal y el negro ilegal, del tránsito de oferta y demanda entre ambos. Existe el problema del acceso de los turistas (que son la misma cantidad que los residentes a lo largo del año), que vienen al ‘país libre del Pepe’ y se ven obligados a consumir en el mercado negro. Existe también el problema de garantizar la confianza de los que, con cierta lógica precautoria, le temen a figurar en los registros de compradores, clubistas y autocultivadores, por el miedo a un cambio de gobierno que pudiera utilizar esos registros para fines represivos, o por la posible filtración de datos que habiliten la extorsión de esa admisión pública del consumo, para peor firmada y con datos del mismo. (Los registros deberían ser, en un futuro próximo, eliminados). Y se suma, como tercer problema, el acceso de la importante faja del mercado que configuran los menores: pese a algunas investigaciones que señalan la especial peligrosidad del consumo por menores, dudo de la cientificidad de estas (sé más de investigación que estos investigadores), y veo más razonable que análisis psicobiológicos y autorizaciones parentales y/o médicas podrían enmarcar el consumo por parte de menores en los mercados blanco y gris, y no en el negro, que es donde viene ocurriendo al no regularse ese submercado.
Dos: El puente roto con el Ministerio de Salud Pública y su moralina. Desde los dorados años antiguos en que las drogas no eran objeto de prohibiciones ni legislaciones, pasamos a la nefasta hegemonía moral católica, luego cristiana y judeocristiana, a partir del año 4 AC hasta -al menos- todo el siglo XVIII, con una interesante lista de argumentos teológicos contra el consumo de drogas, pero que no siempre se enumeran en su riqueza cuando se barre groseramente contra Satanás encarnado en drogas.
Esta prolongada interdicción desde un imaginario al menos moral, en Occidente, es erosionada en el Renacimiento, cuando los médicos se vuelven hegemónicos y tanto hechiceros, chamanes, brujos, magos y alquimistas se subordinan en el tratamiento legítimo de la salud física y psíquica. Desde el siglo XIX, los estados nacionales y sus élites políticas se alían con los médicos y nace ese Leviatán moderno infernal que es la salud pública, estatal, alopática, que al menos consigue librar al mundo de la hegemonía del estigma teológico-moral contra las drogas. Pero, como contrapartida, empieza a imponer su ley supuestamente científica y tecnológica, aunque subordinada a las lógicas políticas. Solo una salud pública cooptada y alineada con transnacionales puede hacer lo que está haciendo el MSP con la implementación de la ley regulatoria: ceder campos del ejército a transnacionales productoras de cannabia y no a clubes cannábicos o a autocultivadores; se frenan iniciativas como la Unión de Productores de Aceites y Cremas de Cannabis o el Núcleo de Estudios del Cannabis de Udelar, o la cesión de herramientas de análisis químico-biológico de sustancias en un marco de responsabilidad social empresarial, como se hace en otros países.
No me van a decir que no se los dije: no sé qué es peor, si el complejo represivo-corruptor moral de la prohibición o la supuesta ciencia del poder médico, del biopoder. Este es un hueso mucho más duro de roer, porque finge ‘humanidad’ y prudencia, aunque sea poco más que stock de poder, y mendicancia de lujo a las transnacionales y a la bigfarma. Recordemos que la yerba mate estaba prohibida en las Misiones Jesuíticas, y llamada ‘hierba del diablo’ por su euforizante mateína. Pero la intolerancia terminó cuando empezaron a exportarla a Europa; ahí se volvió súbitamente angelical.
Tres: Reflexión sobre los efectos de la ley. Es importante reflexionar no solo en los efectos, sino también en las consecuencias de la ley reguladora, porque de hecho es lo que hace falta -según Max Weber- para llamar a alguna acción de ‘racional’, instrumental. Cuando, por ejemplo, le ‘sacamos demanda y ganancias al ‘narcotráfico’, este no es una entidad material e inhumana, sino gente concreta, cuyo único pecado grave inicial es el de haber intentado vivir de una oferta satisfactora de una demanda mal prohibida, que, por ser un mercado clandestino y desregulado, origina problemas de calidad, violencia y crimen. Los narcotraficantes no son seres del Averno sino gente sin capital económico, humano, social, cultural ni político como para poder sobrevivir en una sociedad de consumo exigente ‘por derecha’; lo intentan, entonces, por izquierda, aunque con mayor tolerancia y connivencia de lo aceptable por los encargados de vigilar las empresas ‘de costado’.
Regular el mercado, como sucesión de un mercado negro oficial y formalmente desregulado, pero con reglas conocidas por sus partícipes es, realmente, aprovecharse de una porción del mercado negro creado por el esfuerzo de otros, abusar de su poder al marginarlos de él, y sin que eso les provoque el menor remordimiento porque dejaron a gente sin trabajo y a sus dependientes sin sustento. Y no parecen pensar en qué hacen con esos ciudadanos a los que desplazaron de un mercado que crearon en parte con su esfuerzo. Elitista e incomprensiva manera de entender el mundo, y en especial ese mercado. Está bien quizás lo hecho por el Estado, pero sería que mejor que pensaran también qué deben hacer por aquellos a los que privaron de un medio de vida que surgió porque no tenían otro de semejante rendimiento. No son monstruos sino gente buscando sobrevivir o vivir bien en un mundo hostil e incomprensivo, que mira el crimen actual y sigue ignorando la criminogenia estructural. Como cuando se expulsa a mafias criminales de territorios sin preguntarse de qué vivirán después de que los echen.
