En ese sentido, recordó que el origen de la cartera, durante el primer gobierno de Tabaré Vázquez, estuvo asociado a la necesidad de atender diversas expresiones de la vulnerabilidad social, entre ellas las condiciones de vida de quienes residen en asentamientos y otros territorios con dificultades de acceso a derechos y servicios.
“Un Ministerio de Desarrollo Social tiene que tener otras líneas de trabajo”, afirmó, al plantear la necesidad de recuperar una mirada integral sobre las políticas sociales.
Un ministerio más amplio que la emergencia
El ministro repasó las distintas áreas que funcionan dentro de la cartera. Entre ellas mencionó el Instituto Nacional de la Discapacidad, el Instituto Nacional de las Mujeres, el Instituto Nacional de la Juventud (INJU), el Instituto de las Personas Mayores y el Instituto Nacional de Alimentación (INDA).
También destacó las políticas de diversidad y las dirigidas a la población afrodescendiente, el trabajo con personas migrantes, las iniciativas sociolaborales y socioculturales, el apoyo a emprendimientos productivos y el asociativismo. A esa lista sumó Uruguay Crece Contigo, orientado a las infancias en situaciones de mayor vulnerabilidad, y las políticas de cuidados, que involucran a distintas instituciones del Estado.
Según Civila, en estas áreas se produjo un desarrollo importante de las políticas durante la actual gestión. Su planteo apunta a que el ministerio no quede identificado exclusivamente con la respuesta a las situaciones más críticas, sino que también intervenga en los procesos que permitan mejorar las condiciones de vida de la población y ampliar sus oportunidades.
La estrategia incluye una reorganización de los programas de la cartera. El ministro explicó que el Mides pasó de tener 70 programas a contar con 27, como resultado de un proceso de racionalización de su oferta.
La reducción, sostuvo, forma parte de una revisión de las herramientas de intervención del organismo. En paralelo, la administración definió una orientación para reforzar el trabajo fuera de las oficinas y aumentar la presencia de sus equipos en los territorios.
“Hay que salir, no es esperar simplemente que la gente venga a la oficina”, señaló. En esa línea, indicó que los funcionarios deben participar en espacios comunitarios, mesas de trabajo y ámbitos de coordinación que ya funcionan en los barrios.
Centros de desarrollo comunitario
Uno de los ejes centrales de esta estrategia es la transformación del modelo de gestión territorial. Civila informó que el ministerio ya puso en marcha tres experiencias de centros de desarrollo comunitario, con características diferentes, y adelantó que presentará un cronograma para extender el modelo al conjunto del país.
La propuesta procura articular en un mismo espacio la intervención estatal, las iniciativas de los vecinos y el trabajo de las organizaciones que actúan en cada localidad. El objetivo es que esos centros no sean únicamente lugares a los que las personas concurran para solicitar una prestación, sino también ámbitos de encuentro, organización y elaboración colectiva de respuestas a los problemas sociales.
“Es una apuesta comunitaria de la política social, y es una apuesta que cree en la organización de la gente”, expresó.
Civila defendió la participación de la sociedad como un componente de las políticas públicas y sostuvo que el Estado debe trabajar junto con las comunidades, en lugar de sustituirlas. “Nosotros no desconfiamos de la gente organizada, no desconfiamos de la participación del pueblo en la búsqueda de soluciones”, afirmó.
Desde esa perspectiva, la intervención pública no se agota en atender necesidades individuales, sino que también busca fortalecer las capacidades colectivas de los territorios. Esto supone reconocer las iniciativas que ya existen, facilitar la coordinación entre actores y generar espacios en los que puedan discutirse problemas y alternativas de desarrollo.
El ministro consideró que la respuesta a la vulnerabilidad requiere combinar distintas herramientas. Las prestaciones económicas y materiales continúan siendo parte de esa tarea, pero deben convivir con mecanismos que promuevan la participación y la construcción de soluciones compartidas.
La experiencia de Colonia
Como ejemplo del enfoque que pretende extender, Civila mencionó el Centro de Desarrollo Comunitario de Colonia. Allí, explicó, se integraron en un mismo lugar un espacio abierto a la comunidad y un dispositivo de atención a personas en situación de calle que se encuentran en un proceso de salida de esa condición.
El centro permite atender necesidades urgentes y, al mismo tiempo, desarrollar actividades que involucran a otros actores del territorio. Entre ellas mencionó presentaciones de libros, reuniones de organizaciones y proyectos sociolaborales.
La experiencia, según el ministro, muestra que la atención de la emergencia puede articularse con otras actividades comunitarias, sin que ambas dimensiones deban funcionar por separado.
Civila atribuyó parte de los resultados al trabajo de los funcionarios y a la receptividad encontrada entre los habitantes de distintos puntos del país. En ese proceso, indicó, participan organizaciones sociales, gobiernos departamentales y vecinos que no necesariamente integran colectivos formalmente constituidos.
La articulación territorial es, por tanto, uno de los componentes que el Mides pretende fortalecer. La presencia de los equipos en los barrios permite identificar recursos existentes, establecer vínculos con los actores locales y desarrollar respuestas ajustadas a las características de cada lugar.
Prestaciones y coordinación institucional
El ministro aclaró que el énfasis en la participación comunitaria no implica abandonar las prestaciones destinadas a los hogares que atraviesan mayores dificultades económicas.
Entre las herramientas mencionó la Tarjeta Uruguay Social, así como la actualización del Índice de Carencias Críticas, que se utiliza para identificar situaciones de vulnerabilidad. Según explicó, la modificación del índice produjo cambios importantes.
También destacó la asistencia mediante canastas de emergencia y la atención de situaciones sociohabitacionales críticas, una tarea que el ministerio desarrolla en coordinación con el Ministerio de Vivienda.
La política social, de acuerdo con el planteo de Civila, combina así transferencias y respuestas inmediatas con acciones de acompañamiento, organización comunitaria y articulación institucional. La intención es atender las necesidades urgentes sin perder de vista otras dimensiones de la exclusión social.
Consultado sobre la gestión de los recursos y los mecanismos de coordinación con otras instituciones, el ministro explicó que el Mides trabaja mediante distintas modalidades. Algunas políticas se ejecutan directamente a través de la estructura estatal; otras se desarrollan en conjunto con las intendencias departamentales o mediante acuerdos con organizaciones de la sociedad civil.
Como ejemplo, mencionó la política alimentaria, que cuenta con una fuerte cogestión entre las intendencias y el INDA. También señaló que el ministerio trabaja en los marcos que regulan los acuerdos con otras instituciones.
“Ahí se combinan distintas herramientas, siempre cuidando obviamente que los recursos vayan a los fines que establecen las distintas políticas y sus objetivos”, afirmó.
La diversidad de mecanismos de ejecución responde, según su explicación, a las características de cada intervención y a la necesidad de coordinar capacidades públicas y sociales para llevar adelante las políticas.
El desafío que planteó Civila es extender una forma de trabajo que combine la atención de las urgencias con una presencia estatal más activa en los territorios. La reorganización de los programas, la apertura de centros comunitarios y la participación de los vecinos forman parte de esa orientación, que busca ampliar el alcance de las políticas sociales más allá de la asistencia inmediata.
