"Si vos tenés en todas las causales anticipadas la posibilidad de jubilarte y seguir trabajando, en esta estás recortando un derecho", sostuvo.
Tasa de reemplazo
Otro de los puntos cuestionados es la tasa de reemplazo prevista para quienes accedan al retiro anticipado. Según explicó, quienes se jubilen a los 60 años por esta causal tendrán una tasa de reemplazo del 36 %. Clavijo consideró que la discusión parlamentaria debería permitir mejorar las condiciones del proyecto, tanto en ese aspecto como en la compatibilidad entre trabajo y jubilación.
El dirigente adelantó que la representación sindical buscará reunirse con legisladores para plantear modificaciones e incorporar herramientas que quedaron fuera de la propuesta. Entre ellas mencionó el subsidio especial por inactividad compensada, destinado a trabajadores de mayor edad que pierden su empleo y necesitan una prestación mientras esperan reunir las condiciones para jubilarse.
A su juicio, el mecanismo es especialmente relevante en un mercado laboral en el que las personas mayores de 55 años tienen dificultades para volver a conseguir trabajo. Recordó que este instrumento fue incorporado en el Diálogo Nacional sobre Seguridad Social de 2008 y que ha sido utilizado ante cierres de empresas y reestructuras laborales.
Financiamiento y distribución de la riqueza
Clavijo sostuvo que la discusión sobre la seguridad social no puede limitarse a la edad de retiro o a las condiciones de acceso a una jubilación. Afirmó que es necesario debatir cómo se financia el sistema y qué papel debe cumplir la distribución de la riqueza.
"La seguridad social no se puede seguir bancando a espaldas de las y los trabajadores, a espalda de la masa salarial", afirmó.
Para fundamentar su planteo, señaló que la incorporación de tecnología puede permitir a las empresas aumentar sus ganancias con menos trabajadores. Como consecuencia, disminuye la masa salarial sobre la que se calculan los aportes, mientras se mantienen o aumentan los beneficios empresariales.
Ante ese escenario, propuso vincular el aporte patronal con las ganancias de los empleadores y establecer incentivos para las empresas que generen puestos de trabajo. Consideró que ese esquema permitiría avanzar hacia una mayor equidad contributiva y atender las diferencias entre grandes compañías y pequeños y medianos comerciantes.
También cuestionó las exoneraciones que reciben algunas grandes empresas y multinacionales, mientras otros emprendimientos afrontan mayores dificultades para sostener sus actividades. Según planteó, el financiamiento de la seguridad social debe contemplar estas desigualdades y evitar que la carga recaiga principalmente sobre los salarios.
Críticas a los cambios sobre las AFAP
Las objeciones de Clavijo también alcanzaron al proyecto que modificaría las condiciones de inversión de las administradoras de fondos de ahorro previsional (AFAP), con una mayor apertura a las inversiones en el exterior.
El representante de los trabajadores afirmó que la iniciativa incorpora elementos que no fueron acordados en el Diálogo Social y cuestionó que se avance en esa dirección sin respetar lo resuelto durante las negociaciones.
«Si ya no cumpliste con un acuerdo, lo que vayas a escribir no contempla el acuerdo que habíamos resuelto en el Diálogo Social. Ya arrancamos mal», expresó.
Clavijo sostuvo que los fondos previsionales podrían destinarse a inversiones en Uruguay, con el objetivo de generar empleo y financiar obras de infraestructura y emprendimientos productivos. Mencionó la construcción de carreteras, liceos y escuelas, así como el acceso a créditos con menores tasas para pequeños y medianos comerciantes.
A su entender, ampliar las inversiones en el exterior implica asumir riesgos con los ahorros de los trabajadores y puede desviar recursos que, en su opinión, deberían contribuir al desarrollo productivo nacional.
"Yo prefiero que se invierta en Uruguay, que se genere mano de obra acá", señaló.
Clavijo reiteró que su posición es contraria al sistema de ahorro individual y a las AFAP. Consideró que las condiciones actuales contribuyen a la precarización de las jubilaciones y defendió un modelo que garantice prestaciones dignas.
En ese marco, insistió en que las modificaciones al sistema deben respetar los acuerdos alcanzados, incorporar las reivindicaciones que quedaron pendientes y abrir una discusión sobre el financiamiento que permita sostener la seguridad social sin trasladar el peso principalmente a los trabajadores.