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COFE realiza paro y movilización contra el nuevo régimen de licencias médicas

Este jueves 50 funcionarios públicos presentarán un recurso de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia.

Este jueves 10 de octubre, 50 funcionarios públicos presentarán ante la Suprema Corte de Justicia (SCJ) un recurso de inconstitucionalidad contra la Ley Nº 20.075, del 20 de octubre de 2022, que establece un nuevo sistema de licencias médicas, implementado en algunas áreas del Estado desde abril de este año. A la par, COFE convocó para esta jornada a un paro de 12 a 14 horas y además a una movilización en la sede del Poder Judicial a las 12:30 horas en apoyo a esta acción legal.

Como se recordará, en junio pasado, una delegación del Pit-Cnt presentó en la conferencia anual de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en Ginebra, Suiza, una reclamación contra el Estado uruguayo por la implementación de las licencias médicas aprobadas por el gobierno, sin haber respetado los ámbitos de negociación establecidos por ley.

Paro y concentración

“Nos concentraremos en la Suprema Corte de Justicia para presentar una acción de inconstitucionalidad contra la ley que regula el nuevo régimen de certificaciones médicas”, dijo López en las últimas horas.

El dirigente explicó que la acción de inconstitucionalidad se basa en tres principios que, según el equipo de abogados que asesora a COFE, están siendo “flagrantemente” violados por la Carta Magna.

"El primer principio vulnerado por el nuevo régimen de licencias médicas es el de igualdad ante la ley, ya que la normativa categoriza a los trabajadores como de clase A y clase B", sostuvo.

López ejemplificó que el nuevo régimen “se aplica a los funcionarios de la Fiscalía de la Nación, pero no a los fiscales; en el Poder Judicial se aplica a los funcionarios, pero no a los magistrados; en el Ministerio de Relaciones Exteriores afecta a los funcionarios, pero no a los diplomáticos; y en la Administración Central afecta a todos los funcionarios, pero no a los cargos políticos. Mientras que en el Poder Legislativo no se aplica a nadie”.

Según López, el nuevo régimen vulnera el principio de proporcionalidad al imponer sanciones a los funcionarios que se enferman en lugar de controlar la validez de las licencias médicas, las cuales, indicó, siempre son certificadas por profesionales. "Si existieran casos de licencias falsas, el gobierno debería ejercer controles en lugar de castigar a los trabajadores con esta normativa", señaló.

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