No se trata de echarlos a la calle. Hay varios modos de lograrlo. No reponer vacantes, direccionar personal hacia otros ministerios que lo requieran, estímulos económicos para retiro voluntario y hasta financiamiento para emprendimientos privados son solo algunos.
Antecedentes: reducciones post-1985
Desde el retorno de la democracia en 1985, las Fuerzas Armadas de Uruguay han ido disminuyendo su número de personal de forma gradual, aunque con picos y valles.
Según informó El Observador, en los últimos 40 años ha habido una reducción estimada de alrededor de 35 % del total de efectivos en las tres fuerzas. En la Armada, por ejemplo, en diez años el personal cayó alrededor de un 18 %, contabilizando oficiales y tropa.
Los gobiernos han optado muchas veces por no llenar vacantes al jubilarse personal, lo que implica reducciones automáticas.
Así que reducir un 15 % no sería algo sin precedentes, y sería aún más factible si se combinara con jubilaciones normales, no reponer vacantes, reformas administrativas y desactivación de unidades innecesarias.
Cifras actuales
Para estimar el impacto de una reducción del 15 %, conviene tener claro cuántos efectivos hay hoy, cuánto cuesta mantenerlos, y cuánto gasta el Estado en defensa incluyendo pensiones.
Las Fuerzas Armadas uruguayas están compuestas de 22.800 efectivos: 15.300 en el Ejército, 4.700 en la Armada, 2.700 en la Fuerza Aérea. El gasto en Defensa (personal, funcionamiento, equipamiento) en 2024 fue de aproximadamente 600 millones de dólares, lo que equivale a 0,73 % del PBI. Diferentes fuentes indican cifras que varían según la metodología, citando valores que van desde ese 0,73% del PIB hasta cerca del 2%.
En contraste, la asistencia financiera del Estado a la Caja Militar (el servicio de retiros y pensiones de las Fuerzas Armadas) alcanzó los US$ 587 millones en 2025, 37 millones más que en 2024. Esta asistencia no es un elemento marginal: es uno de los componentes más costosos del esquema militar-tributario nacional.
¿Por qué la Caja Militar debe recibir asistencia cada año?
Por cada dos jubilados militares hay poco más de un militar en actividad aportando. Así no hay sistema que aguante.
Hay un desfase temporal y demográfico que lo hace inviable, ya que los efectivos en actividad se jubilan, se retiran, y hay compromisos previsionales que se mantienen independientes de la cantidad de gente activa. Muchas pensiones militares son de mayor monto que las generales del Banco de Previsión Social, lo que hace que el esquema necesite transferencias permanentemente.
Los ingresos de la Caja Militar no dan para cubrir los pagos de jubilaciones y pensiones, entonces se necesitan transferencias de Rentas Generales para cerrar el déficit año tras año. Además, y a diferencia del resto de los jubilados, los militares cobran aguinaldo.
Si bien a partir de 2032 el régimen jubilatorio de los militares comenzará a equipararse con el de los civiles, como bien señala nuestro colega Hugo Acevedo: “Para el caso de los trabajadores uniformados pertenecientes a las tres armas, la nueva ley jubilatoria tendrá un período de transición de 20 años. Es decir, que recién comenzará a regir en su plenitud en 2043, sin perjuicio de que en ese lapso se apruebe un nuevo marco normativo, fruto del diálogo sobre seguridad social convocado por el gobierno de Yamandú Orsi”.
El problema es que esperar 20 años será letal para nuestra Economía.
Militares por habitante y gasto per cápita
Uruguay tiene cerca de US$ 175 por habitante de gasto en Defensa, lo que lo sitúa en la punta de América Latina cuando se mide por “gasto militar por habitante”.
En cuanto a efectivos, Uruguay tiene unos 13 militares por cada 100 km². Esa densidad es mayor que Argentina (3) o Brasil (4).
“Paraguay tiene el doble de población y la mitad de las Fuerzas Armadas”, detalla un estudio publicado por Montevideo Portal.
Estas comparaciones muestran que Uruguay tiene una carga militar alta, desproporcionada para su población y extensión territorial, si se considera que no enfrenta riesgos de conflictos externos, y que las amenazas transfronterizas son limitadas y manejables en muchos casos vía cooperación internacional.
Cuarteles en departamentos no fronterizos
Un caso concreto: Lavalleja. ¿Para qué mantener un cuartel grande en un departamento que no limita con países, mares o rutas de alta presión fronteriza?
Los argumentos de utilidad incluyen: presencia del Estado; apoyo logístico en emergencias; capacitación militar y mantenimiento de soberanía simbólica; pero la verdad se encuentra en la generación de empleo local.
Los contraargumentos pesan: costo de infraestructura, mantenimiento, sueldos; duplicación de funciones con el Ministerio del Interior y el gobierno departamental y bajo o nulo rendimiento operativo en tiempos de paz.
Reducir cuarteles podría ahorrar montos no despreciables y liberar recursos para misiones más esenciales.
¿En qué áreas debe mantenerse firme la tarea militar?
Aunque se reduzcan efectivos, Uruguay debería conservar plenamente ciertas funciones:
- Control del espacio marítimo: vigilancia costera, combate al narcotráfico, guardacostas y defensa de la plataforma continental.
- Vigilancia aérea: control del espacio aéreo nacional, en especial los abordajes en misiones legales de seguimiento, rescate y apoyo en emergencias meteorológicas.
- Defensa terrestre en puntos estratégicos: fronteras sensibles, pasos limítrofes expuestos, puestos de vigilancia y control aduanero.
- Misiones internacionales y de paz.
Uruguay no crecerá significativamente mientras siga gastando tanto en Defensa
Lo que se destina a Defensa y pensiones militares resta para infraestructura, salud, educación, innovación e inversión productiva.
Mantener un aparato militar grande implica altos costos recurrentes (sueldos, pensiones, mantenimiento), lo que obliga al Estado a recaudar cada vez más o endeudarse. Muchos recursos están congelados en gastos fijos, dejando poco espacio para inversiones en sectores que puedan generar crecimiento económico sostenible.
Si el equipamiento no se utiliza, si los cuarteles están infrautilizados, si hay duplicación de funciones, entonces mucho del gasto militar no contribuye a la seguridad real ni a estimular la economía.
Si se aplicase una reducción del 15 % de efectivos, podríamos esperar un recorte proporcional en sueldos y pensiones futuras, mantenimiento de instalaciones y posiblemente una caída de costos en los cuarteles menos esenciales; eso podría liberar decenas de millones de dólares al año, recursos que podrían redirigirse a salud, educación o inversiones productivas.
¿Qué países redujeron sustancialmente el gasto militar y crecieron?
Tras el fin de la Guerra Fría, y más recientemente durante la crisis financiera de 2008-2012, España redujo progresivamente su gasto militar como porcentaje del PIB, reorientó muchos recursos hacia lo social, infraestructura y educación. Esa reducción no fue de golpe, sino gradual, acompañada por reformas institucionales (revisión de misiones, cierre de instalaciones redundantes y compras más eficientes).
Como resultado, aunque la reducción generó resistencias, permitió liberar fondos para el rescate bancario, políticas de estímulo y preservar los servicios públicos en momentos críticos, favoreciendo la recuperación económica posterior.
Otro ejemplo más cercano en América Latina es Chile, que desde los 90s ha ido manteniendo sus Fuerzas Armadas relativamente eficientes, modernizando, pero limitando el crecimiento de personal gracias a avances tecnológicos, cooperación, y redefinición de amenazas.
¿Una reducción del 15 % es posible en este período?
Sí, es posible, recomendable y políticamente factible, siempre y cuando:
- se identifiquen las funciones esenciales que se mantendrán,
- se reestructuren unidades y cuarteles innecesarios o sobredimensionados,
- se cuide que los recortes no debiliten funciones clave (control marítimo, aéreo, y de fronteras terrestres).
Una reducción del 15 % podría traducirse en decenas de millones al año para otros rubros críticos, con beneficios económicos más amplios: menor presión fiscal, mayor espacio para la inversión productiva y potencial para mejorar el crecimiento económico.
Una reducción del 15 % de los efectivos militares (alrededor de 3.400 personas menos) significaría un ahorro directo en sueldos y funcionamiento cercano a US$ 70 millones anuales. A mediano plazo también implicaría un alivio para Rentas Generales, la que actualmente destina casi 600 millones de dólares anuales para cubrir el déficit de la Caja Militar.
Con esos recursos podría financiarse, por ejemplo, la construcción de 10 liceos públicos por año, duplicar el presupuesto anual de la Universidad Tecnológica (UTEC) o triplicar el dinero destinado a programas de adicciones y salud mental.
Es más, lo ideal sería que entre éste y el próximo gobierno la reducción llegue al 30%. Esto nos permitiría incluso mejorar los salarios y condiciones de los militares que sí necesitemos mantener en funciones.
En síntesis: cada punto porcentual que se recorte en Defensa representa más aulas, más médicos y más infraestructura para un país que seguirá siendo pobre mientras gaste como rico en sus Fuerzas Armadas.
La mayor amenaza a la que debemos temer no es que nos invada otro país. Las mayores amenazas contra el Uruguay son que aumente la cantidad de personas sin hogar, que aumenten el consumo de drogas y la pobreza y que no podamos bajar el nivel de reincidencia de los exreclusos.
Es ahí donde debemos invertir.
