Contrariamente a lo que afirmaba la predadora coalición derechista, que en un censo de 2023 reportó que 3.504 personas vivían a la intemperie, la realidad corroboró que realmente eran bastante más del triple. También en este tema nos mintieron groseramente. Ahora, el gobierno del Frente Amplio debe hacerse cargo de otro desastre heredado del contubernio multicolor.
Como se sabe, el año pasado, se declaró por primera vez la alerta roja en los meses de frío más intenso, a los efectos de cobijar a los uruguayos que padecen el drama de la indigencia. En ese marco, se amplió hasta en un 50 % la cobertura en refugios, con lo cual se logró habilitar 8.200 cupos.
Esta novedosa iniciativa cambia radicalmente el enfoque del problema, ya que el Plan Invierno, que fue inaugurado en Montevideo por las intendencias del Frente Amplio y luego se amplió a partir de 2005 a lo nacional, abarcará todos los días del año y será anunciado, con antelación, en los meses de diciembre.
En otro orden, el sistema seguirá mutando hacia la atención de 24 horas y no meramente la nocturna, ya que las personas que se encuentran en situación de indefensión y marginalidad requieren ayuda permanente.
Uno de los aspectos más trascendentes es el cambio de paradigma, ya que la protección social no será un tema meramente montevideano o del Área Metropolitana, sino nacional, ya que hay personas que demandan el amparo estatal en todo el territorio. En ese contexto, el objetivo es instalar centros de atención en los 18 departamentos del interior del país. El año pasado ya se avanzó bastante, porque hay establecimientos en 16 departamentos, a diferencia del gobierno anterior, que sólo había habilitado centros en 5 departamentos.
Tal vez los anuncios más significativos, por ser medidas de fondo y no meros paliativos, sean la reconversión de plazas de contingencia en viviendas con acompañamiento social. Con esta decisión se procura abarcar a tres mil personas para 2028. “Será un cambio histórico en el sistema de atención de personas en situación de calle”, valoró el ministro Gonzalo Civila. En la misma línea de reinserción se plantea, para 2028, la creación de dos mil puestos de trabajo garantizados para personas en situación de calle, lo cual supone un crucial salto cualitativo tendiente a comenzar a revertir los cuadros de aguda vulnerabilidad e integrar socialmente a estos marginados.
En materia de atención sanitaria, se escalará la atención terapéutica para abordar situaciones de consumo problemático de sustancias adictivas y salud mental. Ya hay 600 personas en situación de calle que participan en este programa.
Asimismo, partiendo de la base de que todos los días egresan tres personas de centros carcelarios, el programa de la Dirección Nacional de Apoyo al Liberado (Dinali), conjuntamente con la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP), pondrá en marcha un plan piloto que abarcará inicialmente a 350 privados de libertad. Esta iniciativa consiste en asegurar que estas personas tengan un trabajo, vivienda y acompañamiento asegurado.
En forma paralela, se instrumentará el plan piloto en el medio rural denominado “Habitar, convivir y producir”, en cuyo marco se generarán comunidades rurales en las que las personas en situación de calle que tengan determinado perfil habitarán un espacio, donde además trabajarán y producirán.
Bajo la consigna de que “la calle no es un lugar para vivir”, esta estrategia, que es bien de izquierda, se destaca nítidamente por su integralidad y por su abordaje multidisciplinario, único criterio válido para afrontar una problemática social que nos agravia como sociedad, pese a que fue y sigue siendo ignorada por la derecha, a la cual sólo le interesan los problemas de convivencia en los barrios.
En 2020, en plena pandemia, el Estado instaló un comedor a una cuadra de mi casa para alimentar a una multitud de uruguayos hambrientos, la mayoría de ellos desocupados, pero una buena proporción ocupados en empleos con salarios deprimidos.
Concomitantemente, crecieron como hongos luego de la lluvia las personas en situación de calle en mi barrio y en barrios aledaños, un panorama que no se observaba en 2019, cuando los indigentes, cuyo número era considerablemente menor, se concentraban en el centro de Montevideo y en plazas públicas. En poco tiempo, la capital del país mutó en una suerte de Calcuta.
¿Qué había cambiado? Además de la irrupción de la epidemia que provocó estragos en la población más vulnerable, ese año asumió el gobierno de una coalición derechista que, por su falta de sensibilidad, no estuvo a la altura de las circunstancias. En ese contexto, creció la pobreza y la indigencia se incrementó en casi un 50 %.
Ahora, con la aplicación de este inédito proyecto de impronta progresista, esperamos que, de una buena vez, haya patria para todos, acorde al insoslayable mandado histórico de la izquierda.
