En el Frente Amplio nadie manda, porque el verbo mandar es cuartelero. En el FA los que gobiernan son sus votantes y militantes, que transformaron a la fuerza política, por sexta elección consecutiva, en el partido con mayor número de adhesiones. En efecto, los números no mienten: el FA aumentó su votación neta, en cinco años, de 949.376 votos a 1.071.706 votos, habiendo incrementado su caudal electoral en 122.330 votos. Asimismo, no es menor haber sido el lema más votado en 12 de los 19 departamentos del país y obtener mayoría absoluta en el Senado (16 bancas) y 48 bancas en la Cámara Baja. El domingo 27 de octubre, el Frente Amplio superó al Partido Nacional por más de 400.000 votos y al Partido Colorado por casi 700.000 votos.
¿Quiénes decidieron que casi el 44 % de los votos totales y más del 46 % de los votos válidos fueron para el FA? Obviamente, su gente, sus votantes, sus militantes y sus bases. Por supuesto, no son los que mandan, sino los que confían que la mejor opción para gobernar al país es la fórmula integrada por Yamandú Orsi y Carolina Cosse. Así de simple.
Uno puede lucubrar por qué Delgado no entiende una evidencia de la realidad tan simple –que no es ciertamente un axioma– que podría entender hasta un niño escolar. Porque en su partido y en sus socios de la derecha el vínculo entre la dirigencia y la militancia no es igual. Es un vínculo jerárquico. No es horizontal como en el FA. Es vertical como en un cuartel o en el Vaticano, donde ni siquiera un cardenal, que tiene por ejemplo la potestad de elegir al papa en una hipótesis de acefalía, podría discutir abiertamente con el sumo pontífice y menos aún un cura párroco.
Para corroborar este aserto basta apenas un testimonio de la historia reciente. Mientras el FA dejó en libertad de acción a sus votantes, a sus dirigentes y hasta a sus sectores para que optaran o no por ensobrar la papeleta destinada a reformar la Constitución de la República para liquidar el lucro en la seguridad social, en la vereda de enfrente, es decir, en el bloque conservador, se agitaron ominosos cucos y se presionó para que no se haga, poco menos que a riesgo de ser excomulgado, como si se tratara de un mandato bíblico, obviamente del mercado.
Esa es la diferencia entre la libertad, entendida como la capacidad de actuar y discernir con autonomía, y el mandato imperativo que impera en la CR, donde prevalece naturalmente la subordinación, como si el partido político o el gobierno fueran gerentes o patrones de estancia y sus votantes o militantes meros empleados, peones o incluso súbditos, como son los integrantes de menor rango de la corte de un monarca.
Según Delgado, que sigue agitando cucos como los que agitaba la derecha en 1971 cuando se fundó el Frente Amplio, si gana Orsi “seguro que la Policía va a perder el respaldo jurídico que hoy tiene”. ¿A qué respaldo jurídico se refiere? Seguramente se referirá a las prerrogativas que le otorgó la LUC al instituto policial, que resultaron absolutamente inocuas para contener el delito y sólo alimentaron los excesos de uniformados con talante represor que se sienten frustrados porque carecen de los medios materiales necesarios para enfrentar el desafío del crimen organizado, que les pasó por arriba. No en vano, en este período hubo récord de suicidios de policías.
Delgado también afirmó que, si gana Orsi, “los sindicatos volverán a gobernar la educación”. Esta es una burda falacia. Durante el ciclo progresista, los sindicatos nunca gobernaron la educación. A lo sumo, tuvieron una participación minoritaria en los consejos de educación. Las decisiones las tomaron siempre los miembros políticos en mayoría.
En cambio, en este gobierno, la LUC eliminó los consejos de educación, en flagrante violación del artículo 202 de la Constitución de la República, que fueron reemplazados por direcciones unipersonales, las cuales carecen de autonomía y funcionan bajo la égida del CODICEN de la ANEP, mediante un talante autoritario. En ese marco, abundaron los sumarios, las destituciones y la persecución sindical y se aplicó una impostada reforma sin participación de los educadores. Este esquema, de impronta bonapartista, fue muy similar al implementado por el pachecato interventor y, obviamente, por la dictadura liberticida.
Luego, Delgado sorprendió a todos al aseverar que, si gana el FA, “seguro vamos a perder el derecho a no poder trabajar si hay piquetes”. Nadie pareció advertir este furcio. ¿Qué es el derecho a no trabajar? No se entiende. Delgado no sabe ni comunicar. ¿Alguien piensa que está capacitado para gobernar sin mayorías en el parlamento y para lograr acuerdos?
También se refirió a la eventual pérdida de “la libertad financiera”. Obviamente, alude a la vulneración de las garantías implementada por la LUC, que permite operaciones con dinero por fuera del sistema financiero hasta de 100.000 dólares, cuando antes el límite era de 10.000 dólares. Esa medida alienta la atracción de capitales de origen sospechoso y perfora las garantías del Estado para regular y contener el lavado de activos.
Bien recordamos los uruguayos memoriosos las devastadoras consecuencias de la desregulación financiera, responsable de la crisis económica y social de 2002, que provocó el cierre de cuatro bancos: el Comercial, el Caja Obrera, el Montevideo y el de Crédito, con pérdidas millonarias de los ahorristas. Dos de ellos fueron vaciados en las narices mismas del gobierno de coalición blanqui-colorado presidido por Jorge Batlle, algunos de cuyos exjerarcas integran el equipo de asesores del senador colorado electo Andrés Ojeda.
Delgado y sus socios, que acusan al FA de no tener programa pese a que éste está publicado desde diciembre, ensayaron un recorte y pegue y parieron, con fórceps, un plan de gobierno de urgencia bien demagógico, que intenta “seducir” a los incautos, como el mítico canto de sirenas de la legendaria Odisea homérica. ¿Por qué no hicieron en 5 años lo que prometen ahora si todos están gobernando?