Este lunes, la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos se reunió con el presidente de la República, Yamandú Orsi. En el programa Legítima Mañana, Ignacio Errandonea dijo que uno de los puntos que se incluyeron en la reunión es la situación de los militares que evaden a la Justicia desde el exterior, y señaló que en 2025 la ministra de Defensa expresó que se revertiría, pero Errandonea señaló que hasta ahora la situación sigue incambiada.
Se trata de 14 oficiales y un civil colaborador de la dictadura que se encuentran prófugos de la Justicia uruguaya luego de haber sido investigados y procesados en primera instancia por distintas causas que indagan crímenes cometidos durante la dictadura cívico-militar, a quienes la Caja Militar continúa pagándoles las jubilaciones sin presentar certificado de vida. Ante este escenario, según supo Caras y Caretas, la ministra de Defensa Sandra Lazo recibió la comunicación de la Fiscalía de Lesa Humanidad tomando conocimiento de esta forma sobre la conducta del director del Servicio de Retiros y Pensiones de las Fuerzas Armadas, quien determinó que se efectuara el pago de las jubilaciones a pesar de no haber presentado el certificado de vida que es requerido por ley. El principio general de la Ley N.° 16.170 es que para cobrar un beneficio militar la persona tiene que vivir en Uruguay y, como excepción, la normativa autoriza a cobrar la prestación viviendo en el exterior siempre que se presente un certificado de existencia de vida o fe de vida.
Los oficiales buscados y su prontuario
Los oficiales prófugos, a quienes se les continúa pagando su beneficio jubilatorio sin que hayan expuesto su certificado de vida son: Wellington Sarli Pose, oficial de OCOA que actuó en La Tablada. Está requerido ante el juzgado de Treinta y Tres de 1er Turno por la causa de torturas y privación de libertad contra adolescentes, requerido también por la desaparición forzada de Miguel Mato, por la desaparición forzada de Omar Paitta, por la desaparición forzada de Felix Ortiz, y por torturas y privación de libertad y abusos sexuales en el centro clandestino La Tablada. En la actualidad, según pudo saber Caras y Caretas, vive en Chile y está en trámite el juicio de extradición. Otro oficial a quien se le paga su jubilación sin acreditar si vive o no y también está prófugo de la Justicia es Jorge Grau Olaizola, oficial de la OCOA que actuó en La Tablada. Está requerido en las mismas causas que Sarli, con excepción de la causa en Treinta y Tres. José Eduardo Delgado Socorro, oficial de la aviación que se encuentra requerido por la desaparición de Arpino Vega y torturas y privación de libertad en Boiso Lanza, reside en Estados Unidos. Alfredo Ángel Fresia Dubouix, oficial de la aviación también requerido por su actuación en Boiso Lanza. Delgado Socorro falleció en Colombia pero cobró su jubilación aún prófugo de la Justicia. Roberto Freddy Amorín Maciel, oficial de la aviación, también requerido por la desaparición de Arpino Vega. José Walter Bassani Sacias, oficial de la Compañía de Contrainteligencia, requerido por torturas y privación de libertad en la causa de Lilián Celiberti/Universindo Rodríguez. Requerido además en la causa de torturas de Gilberto Coghlan, se encontraría en Austria. Rubinson Rosa Escalante, oficial S2 del Regimiento de Caballería N.º 4, requerido en el caso de asesinato por torturas de Edison Marin, falleció en Brasil en el marco del proceso de extradición pero recibió el pago jubilatorio aún prófugo de la Justicia uruguaya.
Pedro Antonio Mato Narbondo, oficial del Servicio de Información y Defensa (SID), quien actuó en Buenos Aires, requerido en el asesinato por torturas de Carlos Batalla y por los asesinatos de los uruguayos residentes en esa ciudad, Daniel Banfi, Guilleremo Jabif y Luis Latrónica, en 1974. También está investigado por la desaparición forzada de Washington Barrios y decenas de privaciones de libertad y torturas en Buenos Aires en 1974 y 1975. Es ciudadano brasilero, por ello Brasil negó su extradición así como juzgarlo en su país por estos hechos. También se encuentra prófugo de la Justicia italiana. Reside en Santana Do Livramento.
Daniel Maiorano Paladino, oficial de la Prefectura Nacional Naval, está requerido en la causa de torturas y privación de libertad durante la Operación Morgan. Se encuentra en España a la espera del juicio de extradición en ese país.
Tabaré Camacho Pastorini, oficial 2 de Infantería N.º 1, se encuentra requerido por torturas y privación de libertad perpetradas en el Batallón Florida. También se encuentra investigado en la muerte por torturas de Juan Fachinelli. Residiría en España.
Juan Manuel Cordero Piacentini, oficial de OCOA y SID. Fue pedida su extradición a Argentina pero, según los investigadores, es difícil que se conceda, porque se encuentra cumpliendo pena en ese país. Se encuentra requerido en la causa de Iván Morales Generalli, y en la causa del Plan Cóndor.
Juan Manuel Pagola Alzamora, oficial de OCOA que actuó en La Tablada, requerido en la desaparición forzada de Antonio Paitta Cardozo. Existe solicitud de procesamiento de fecha 12 de diciembre de 2022. También se pidió su procesamiento por la desaparición forzada de Felix Ortiz, Miguel Mato Fagian.
En tanto, también recibe su jubilación el militar prófugo Juan Carlos Esponda Martínez, oficial de OCOA que actuó en La Tablada, requerido en la causa de la desaparición forzada de Antonio Paitta Cardozo. También tiene solicitud de procesamiento por la desaparición forzada de Felix Ortiz, al tiempo que es investigado por la desaparición de Miguel Mato Fagian.
El oficial Pedro Francisco Narbondo se encuentra también prófugo y en las mismas condiciones que los restantes. Lo investiga el juzgado de 1er Turno de Rivera por torturas y privación de libertad en el Regimiento de Caballería N.º 3.
A Manuel Vicente Zapata Gini, suboficial de la Armada, se lo investiga por torturas y privación de libertad en el Fusna. Fleming Gallo Sconamiglio, civil, está requerido en distintas causas de torturas en Fusna. Gallo Sconamiglio es civil pero colaboró con los represores en perjuicio de integrantes del PCU y de la UJC. Actualmente se encuentra en España. Este país denegó su extradición en una causa pero se aguarda el resultado de las dos restantes. En tanto, la situación de José Luis Parisi Alegre, oficial OCOA que actuó en el centro clandestino de reclusión “300 Carlos”, es distinta a la del resto porque a instancias de la Fiscalía Especializada en Delitos de Lesa Humanidad se le suspendió el pago de sus haberes. Parisi continúa prófugo y está investigado por su actuación durante la Operación Morgan que se perpetró en 1975. Parisi se encuentra requerido en las causas de la desaparición forzada del militante Julio Correa y de Juan Manuel Brieba. De ambas causas se fugó luego de procesamiento. También está involucrado en la causa de la desaparición forzada del militante del Partido Comunista Eduardo González González.
Ante este escenario de múltiples causas congeladas por la ausencia de los oficiales imputados, la Fiscalía envió un oficio al Servicio de Retiros y Pensiones de las Fuerzas Armadas informando sobre los oficiales prófugos porque eso significa que no están en el país, aunque tampoco presentaron certificado de fe de vida porque ese documento, a pesar de que existe la ley mencionada, no es exigido, según pudo conocer Caras y Caretas. En tanto, también se envió a Cancillería la lista de oficiales prófugos.
El artículo 127 de la Ley N.º 16.170 indica que los beneficiarios de una pasividad militar residentes en un país extranjero podrán continuar en el goce y percepción, debiendo acreditar en forma semestral su existencia mediante revista consular u otra modalidad fehaciente que disponga el Servicio de Retiros y Pensiones de las Fuerzas Armadas. En caso de no acreditar la existencia, transcurrido un año de acaecida la última, se procederá a la baja de la pasividad hasta tanto se solicite la reincorporación al presupuesto.
