Para la derecha, que durante el gobierno anterior casi triplicó la cantidad de uruguayos que están en esa situación, se trata de meros vagos y menesterosos que se dedican a molestar a la gente, a ensuciar las calles y hasta a ponen en riesgo la seguridad de la población. El pretexto es que son todos adictos y enfermos mentales, como si los individuos que padecen esas patologías no tuvieran derechos. Por supuesto, el argumento es una tremenda falacia. Si bien algunas de estas personas son enfermas, no menos cierto es que, en realidad, son pobres. Porque un drogadicto o una persona que padece una patología mental de clase media o clase alta jamás terminaría sobreviviendo a la intemperie, porque sus familias se preocuparían por proveerlas de atención sanitaria en clínicas especializadas. Sin embargo, blancos y colorados no tienen ni la más mínima idea de la dimensión de ese desastre y sólo se preocupan por las eventuales molestias que pueden provocar y por la afectación a la convivencia. Lo peor es que, en todas las encuestas de opinión pública, el tema sólo le preocupa al 2 % de los uruguayos. Sin embargo, las opiniones cambian cuando se les pregunta si esos compatriotas son un problema. En ese caso, siete de cada diez encuestados afirman que afectan la seguridad y la convivencia, lo cual puede ser cierto en algunos casos, pero no es la regla.
Por ende, el propósito que no tiene buena prensa es invertir recursos para atender las necesidades básicas insatisfechas de estas personas. La ayuda suele ser calificada de mero despilfarro, pese a que el Estado despilfarra anualmente 587 millones de dólares para financiar el déficit de la Caja Militar y pagar jubilaciones privilegiadas que, en el caso de los oficiales retirados de más alto rango, alcanzan incluso a los 200.000 pesos mensuales.
Parece que no existe una real conciencia del problema del cual casi nadie está exento, porque, por ejemplo, en 2002 la devastadora crisis provocada por un gobierno de coalición de colorados y blancos terminó expulsando a miles de uruguayos de sus hogares, ya que la tasa de pobreza trepó al 40 %, afectando a 1.200.000 personas. Actualmente, pese a que el Gobierno pasado reportó en 2023 que 3.500 personas carecían de techo, la realidad es que un segundo censo, realizado por el Gobierno del Frente Amplio, identificó a casi 9.000 personas en esa situación y el Ministerio de Desarrollo Social está atendiendo a más de 12.000 personas.
La estrategia no es invisibilizar el problema, sino implementar medidas integrales y de fondo, con el objetivo de comenzar a revertir esta coyuntura perversa, porque estos uruguayos desvalidos tienen derechos amparados por la Constitución y, por ende, se les debe otorgar oportunidades para que dejen de ser marginales y se puedan reinsertar en la sociedad.
Durante la conmemoración, los colectivos que nuclean a estos uruguayos terriblemente segregados por el sistema, que sobreviven en la periferia, se concentraron en la Plaza Independencia para plantear sus legítimos reclamos. Uno de sus voceros, que se identificó como Humberto, puntualizó que “la sociedad le tiene mucho miedo a lo diferente. Es necesario que los uruguayos entiendan y que todo el mundo conozca que en Uruguay hay personas en situación de calle y en extrema pobreza, y esa realidad no es mentira”, puntualizó.
En la concentración frente a la Torre Ejecutiva coincidieron con un grupo de trabajadores tercerizados del Ministerio de Desarrollo Social que, nucleados en el Sindicato Único de Trabajadores Gremiales y Afines (SUTIGA), instalaron una carpa para reclamar por haberes impagos.
Una vez allí, frente a la sede de la Presidencia, los manifestantes leyeron de manera colectiva una proclama en la que instaron al Gobierno a que les brinde soluciones. “No aceptamos el silencio impuesto ni la indiferencia que nos condena a la invisibilidad”.
Reivindicaron “el derecho a un techo que no sea cárcel, a una mesa que no sea migaja, a una vida que no sea castigo”, y repudiaron “la violencia disfrazada de orden”, en alusión a los retiros compulsivos de personas que pernoctan en la calle.
Manifestaron que “no venimos a llorar, sino a exigir nuestros derechos, que siguen vulnerados por omisión de nuestro Estado, porque seguir resistiendo esta guerra del abandono solo es una victoria, y hoy alzamos la voz por los que están, por los que no están y por los que vendrán”, concluyó.
Aunque se sientan desamparados, estos compatriotas deberían saber que existe una estrategia integral del Gobierno que ya está en marcha, que no es un mero parche, como sucedía en el pasado, sino un plan que contemplará todas las dimensiones del problema; la de la protección social, la sanitaria, la habitacional, la de la convivencia, la del trabajo y la de la seguridad.
Estos compatriotas no están solos, porque ya está presupuestado el dinero que se invertirá para atender sus necesidades. La izquierda es sensible y solidaria con estos dramas cotidianos, aunque deba desafiar la indiferencia social y la deleznable actitud de una derecha clasista, reaccionaria e intransigente.
