La investigación llevada a cabo por la Fiscalía Departamental de Toledo, dirigida por la fiscal Paula Pereira, y la Dirección de Crimen Organizado, puso al descubierto la estructura piramidal y el modo de operar de una red de corrupción que operaba en el ámbito judicial y de salud uruguayo. Con diez condenas ya firmes y más de 70 personas bajo investigación, la denominada «Operación Carancho» destapó un monto económico estimado en al menos un millón de dólares.
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Abogados involucrados en trama de accidentes de tránsito
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El elenco de juristas y su situación judicial
La desarticulación de esta trama provocó el desplome de profesionales del derecho, quienes enfrentan penas de prisión efectiva, inhabilitación para el ejercicio de funciones públicas y la suspensión de su matrícula tras ser reportados a la Suprema Corte de Justicia:
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Elizabeth Frogge: Condenada a 3 años de penitenciaría y multa de 200 UR por asociación para delinquir especialmente agravada, cohecho calificado y uso indebido de información privilegiada.
Richard Daniel Alzugaray: Sentenciado a 3 años y 2 meses de penitenciaría. Aprovechaba su doble condición de abogado y efectivo policial para extraer ilegalmente datos de los sistemas informáticos del Ministerio del Interior.
Gisselle Freccero y Gustavo Bentos: Sentenciados a prisión efectiva por su participación directa en la captación ilícita y coautoría en delitos de cohecho especialmente agravado.
Leonardo Narancio: Vicepresidente de la Asociación de Abogados de Accidentes de Tránsito, es el único jurista de alto perfil que rechazó el juicio abreviado. Defiende su inocencia bajo arresto domiciliario total a la espera del juicio oral.
De acuerdo a lo informado por Eduardo Preve una de las abogadas enviadas a prisión por los casos de corrupción con las víctimas de accidentes de tránsito, Elizabeth Fogge, es defensora del presidente del gremio de la Guardia Republicana, Carlos Piedra. Narancio fue uno de los abogados que actuó en el caso de una de las víctimas del ómnibus de Cuctsa 121 que desvió hacia la playa Pocitos en 2024.
El modus operandi: Captación, coimas y cinismo
La organización no operaba al azar; funcionaba como una maquinaria delictiva perfectamente aceitada donde la información era la mercancía más preciada. El esquema comenzaba en el lugar mismo del accidente o en las salas de emergencia, donde funcionarios públicos —policías, enfermeros e inspectores— traicionaban su deber de reserva a cambio de dádivas. Esta filtración permitía a los abogados ejecutar un abordaje depredador, interceptando a las víctimas en su momento de mayor vulnerabilidad para forzar la firma de representaciones legales.
El esquema delictivo se dividía en tres fases operativas:
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Compra de datos privilegiados: La red pagaba sobornos a policías e inspectores (desde $ 3.000 UYU por partes policiales) y a personal médico o de enfermería (hasta US$ 2.000 por historias clínicas) para obtener información sobre los accidentes en tiempo real.
Abordaje depredador: Con los datos filtrados, los abogados interceptaban a los accidentados o a sus familiares en las salas de emergencia y sitios de los siniestros, forzando la firma de poderes legales en momentos de extrema vulnerabilidad.
Captación en movilizaciones y cierres exprés: Los implicados asistían a marchas públicas de reclamo de justicia para captar clientes en pleno duelo. Asimismo, priorizaban acuerdos económicos civiles acelerados con las aseguradoras o empresas involucradas antes de las imputaciones penales, evitando así que el escrutinio judicial revelara el origen irregular de sus clientes.
Investigación en curso
La Fiscalía confirmó que la «Operación Carancho» continúa abierta. Para los próximos días se contemplan 40 nuevas citaciones para profundizar en la responsabilidad de otros profesionales y funcionarios involucrados.
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