La causa se inició luego de que ediles del Frente Amplio presentaran una denuncia penal por el pago indebido de horas extra no realizadas y que contaban con la autorización del secretario general. Precisamente Severo, su pareja, cobró en varias oportunidades casi tres veces su sueldo por horas no trabajadas. Además, se la acusó por apropiarse de un terreno público que entregó a su hermana.
Pero no era la única. Los favorecidos eran personas cercanas al intendente y todas integrantes del Partido Nacional.
Entre el año 2020 y el 2022 se pagaron unos 8 millones de dólares por horas extra nunca realizadas.
Ambos fueron condenados por la Justicia a una pena de 24 meses de prisión que se sustituyó por libertad a prueba con 10 meses de trabajo comunitario de 4 horas por semana. Además fueron inhabilitados por cinco años para el ejercicio de cualquier cargo público y se les impuso una multa de 1.000 UR a cada uno. Horas más tarde también fue imputado el intendente de ese departamento, Pablo Caram, acusado de “omitir denunciar delitos”. Éste logró un juicio abreviado por el que reconoce su delito y se le alivia la pena, y se lo condenó a 14 meses de prisión, que se sustituyó por libertad a prueba y dos horas semanales de trabajo comunitario. En este caso no hubo ni inhabilitación ni multa.
Al cierre de esta nota no era de conocimiento público qué delitos se le adjudicarían a Valentina Dos Santos, sobrina del intendente y hasta el martes diputada, porque ese día renunció. La Fiscalía solicitará su imputación. Hace unas semanas se entregaron audios en Fiscalía donde se escucha a la exdiputada ordenar el pago de horas extra a varios funcionarios que militan en su sector político.
Artigas, la cueva del nepotismo
El intendente de Artigas, Pablo Caram, fue reelecto en el 2020 como el más votado en la historia de su departamento, con el 71.2 %. En su primer período (2015-2020) no tuvo ningún conflicto ético para integrar el gabinete con parientes. Su pareja, Karolina Gómez, se desempeñó como directora de Cultura. En tanto, Rodolfo Caram, primo y exdiputado, fue nombrado director de Desarrollo y, ya que estaba, su pareja, Stefani Severo, ingresó como funcionaria de la Intendencia.
Augusto Rodríguez, primo del cuñado del intendente, asumió como secretario general. Valentina Dos Santos Caram, sobrina y hasta el martes diputada, también fue nombrada directora general. Su pareja, Omar Bicera, era encargado de proyectos.
Por su parte, la escribana Elita Volpi, pareja del primo de la sobrina del intendente, asumió como intendenta suplente.
Gustavo Dos Santos, primo del cuñado del intendente, asumió como director de Tránsito y Manuel Caram, primo del intendente, fue nombrado asesor en Desarrollo.
Casi todos, en diferentes cargos, continúan en el Gobierno.
A su vez, varios funcionarios municipales contratados con cargos de jerarquía estaban vinculados a empresas que ganaban licitaciones.
La Jutep elaboró un informe lapidario sobre la gestión de Caram. Pero el Parlamento anterior jamás trató el tema. El Partido Nacional tiene 22 ediles en 31, por lo que no necesita para nada a la oposición.
Artigas recibe del Gobierno nacional más del 100 % de lo que recauda (989 millones de pesos contra 670 millones) y tiene un déficit de 10 millones de pesos. Cuenta con 1.571 funcionarios municipales, 213 cada 10.000 habitantes, incluídos los de la Junta Departamental. Uno de los mayores porcentajes del país. En lo que va de este período ingresaron 173 funcionarios por designación directa y uno por concurso.
O sea, la corrupción artiguense la costean todos los uruguayos.
Los récords de Artigas
El departamento norteño ostenta dos récords de corruptos. Es el primero y único en tener dos intendentes imputados por delitos vinculados a la corrupción. Y además uno, como diputado, fue desaforado por el Parlamento para permitir la acción de la Justicia.
Pero, por si fuera poco, el juez Eduardo Telesca, que procesó al exintendente Carlos Signorelli, también fue procesado con prisión por delitos de corrupción.
El 30 de abril del 2009, Telesca condenó al entonces diputado colorado por Artigas, Carlos Signorelli, a 24 meses de prisión por un delito continuado de fraude, al considerarlo principal responsable de las maniobras con prestamistas realizadas entre los años 2003 y 2005 cuando se desempeñaba como intendente de ese departamento. La sentencia señaló un faltante de más de 28 millones de pesos en las arcas comunales. Signorelli estuvo preso entre abril y diciembre del año 2009.
Antes, en agosto del 2008, y después de muchos debates e investigaciones, la Cámara de Diputados votó su desafuero.
La sentencia judicial indica a Signorelli como el ideólogo del manejo irregular con cheques realizados entre su administración y prestamistas particulares. En distintos considerandos señalan que era él quien ordenaba al tesorero que le entregara innumerables cheques en blanco sin ningún tipo de previsiones. Tanto su secretaria, el tesorero de la Intendencia, los contadores, exdirectores de Hacienda, su secretario general y jerarquías de su confianza en Bella Unión fueron contestes en señalar que las órdenes partían del propio Signorelli.
Entre los hechos que se destacan se consideró probado que el grueso de las maniobras se hacían en la entonces Junta Local Autónoma de Bella Unión, ya que allí “no iba el Tribunal de Cuentas y por orden del propio Signorelli».
Mientras las entradas de dinero provenientes de los prestamistas se hacían simulando supuestas partidas nacionales que enviaban desde Montevideo, pero que ingresaban por Bella Unión, las salidas de dinero para el pago de préstamos o intereses se hacían con boletas truchas, que en algunos casos superaban varios millones de pesos.
El fallo judicial sugirió la necesidad de que la Intendencia iniciara acciones civiles tendientes a resarcirse del faltante detectado y de los perjuicios que ello ocasionó, ya que en el caso la diferencia surgida llegaba a más de 28 millones de pesos uruguayos.
Signorelli fue condenado a 24 meses de prisión, fue inhabilitado durante dos años para ocupar cargos públicos y se le impuso una multa de 50 UR. Pero no abandonó la actividad política y nunca se le inició una acción judicial de resarcimiento.
El 11 de mayo del 2012, el juez penal de Artigas, Vital Rodríguez, dispuso el procesamiento con prisión de su colega, Eduardo Telesca, por dos delitos de peculado (apropiación indebida) especialmente agravados en reiteración real, tras investigaciones que demostraron que retuvo una suma de dinero incautado a narcotraficantes y otra que poseía una persona fallecida. Telesca fue destituido de su cargo por la Suprema Corte de Justicia y estuvo poco más de un año en prisión.
El día que Pablo Caram abandonó a Jorge Larrañaga
A fines del 2017, el intendente de Artigas renunció a Alianza Nacional, sector liderado por Jorge Larrañaga, que lo había promovido al cargo que detentaba. Caram explicó que se fue de Alianza Nacional “por falta de apoyo a la gestión y la incapacidad de liderazgo en el sector”. Agregó que “formamos una agrupación nueva, que se llama Pies Adelante y que apoya a Luis Lacalle Pou”.
El intendente dijo que la pérdida de adherentes a Jorge Larrañaga que sólo logró retener a Gandini, Camy y Besozzi se debió a la “falta de un diálogo maduro” en la interna del sector.
Consultado, entonces, por Montevideo Portal sobre el caso de Agustín Bascou, intendente de Soriano, también procesado por la Justicia, Caram dijo que es una decisión que está “en manos del Partido”, pero admitió su afecto por Bascou: “Tengo un aprecio especial por Agustín, es un hombre de familia”.
No fueron inhabilitados
La resolución judicial no estableció la inhabilitación para Pablo Caram, y presumiblemente tampoco para Valentina Dos Santos. Por lo que Caram, que no podrá ser intendente por haberse desempeñado dos períodos consecutivos en el cargo, sí podrá aspirar a un cargo legislativo. En tanto, Dos Santos, autoproclamada candidata a la Intendencia, podría ser electa como intendenta.
El debate se instaló en las redes, por lo que el director de Comunicaciones de Fiscalía, Javier Benech, explicó que “el artículo 177 del Código Penal es un delito contra la administración de justicia (omisión de denunciar). No tiene pena accesoria de inhabilitación, como los delitos contra la función pública. Además, tiene una pena máxima de 18 meses, tampoco corresponde la inhabilitación por el artículo 81 del Código Penal, que va de oficio con penas de dos años de penitenciaría en adelante”.
La diferencia entre las condenas de Pablo Caram y Rodoldo Caram, o más atrás la de Carlos Signorelli, está en los delitos imputados y en el plazo de prisión.
Si bien tiene una explicación jurídica, se debe recordar que el Código Penal fue votado por políticos, de los pocos que pueden cometer estos delitos. Por lo que sería por demás interesante que el próximo Parlamento revise estas notorias injusticias que alientan la sensación de impunidad.
Tremendo lío blanco
Si algo caracteriza a este Gobierno es la facilidad que ha tenido para meterse en enormes líos al santo botón. Astesiano fue uno; el pasaporte para Marset otro; la defensa de Penadés otro; los chats de Iturralde el más reciente. Pero ahora tiene ante sí un caso mayúsculo del que no saldrá indemne, porque Pablo Caram, cada vez que aparecía algo contra él, enseguida recibía la visita del presidente Luis Lacalle Pou en una clara señal de apoyo.
En el año 2019, poco antes de las elecciones nacionales, se destapó un caso de acoso sexual y acomodos en Colonia contra el intendente Carlos Moreira, a quien se daba como seguro ministro del Interior si ganaba Lacalle Pou.
Moreira renunció al Partido Nacional cuando se enteró que éste lo expulsaría de sus filas, a solicitud de la vicepresidenta Beatriz Argimón. Igual fue candidato “independiente”, y volvió a ganar la Intendencia. Pero ocurre que ni Artigas es Colonia, ni Caram es Moreira.
¿Actuará ahora el Partido Nacional como lo hizo con el intendente de Colonia?
Porque, además, solo por coherencia, la misma sanción le debería corresponder a la exdiputada Dos Santos.
Sin los Caram en el poder, condenados por actos de corrupción, ¿es posible que los blancos ganen otra vez Artigas con los mismos candidatos?
Tal vez, si no la denuncian antes en Fiscalía, sea la hora de Irene Moreira, una exblanca devenida en cabildante. También podrían volver frentistas o colorados. Nada es imposible. Aunque todo pasa por saber cómo juzgará el votante artiguense los actos de corrupción.
