La declaración anticipada es un elemento clave y muy importante en las investigaciones por delitos sexuales. En esa instancia se le toma la declaración a las víctimas antes de que ocurra el juicio oral. Esa declaración queda grabada y puede ser usada en el juicio, de modo que la víctima no se cruce con el denunciado durante el proceso.
Ahora es de esperar que en los próximos días se fije una audiencia preliminar, que será para definir las preguntas que se harán en esas instancias de declaración anticipada. En esa reunión, tanto los abogados de los denunciantes como del denunciado se pondrán de acuerdo sobre el cuestionario.
Posteriormente se dará paso a la audiencia, donde se preservará la identidad de las víctimas. Esto se dará mediante la división de dos salas, que pueden incluso estar en edificios distintos: en una estarán el juez, el denunciado, la defensa del denunciado, la defensa de las víctimas y la Fiscalía; en la otra, la víctima (con la voz distorsionada), un funcionario judicial y un acompañante emocional. La víctima responderá a la lista de preguntas que le hará el funcionario judicial. Lo que se diga en la sala 2 será escuchado en la sala 1.
A partir de que se tome la declaración anticipada, el paso siguiente de la Fiscalía sería proceder a la formalización de la investigación. Eso implicará la determinación de una medida cautelar, que deberá ser aprobada por un juez.
En cualquier caso, si la formalización se llega a concretar se abren tres posibles escenarios: la posibilidad de alcanzar un acuerdo, en el que, a la luz de las evidencias presentadas, Penadés acepta los delitos que se le atribuyen y accede a una pena reducida (este escenario es el menos probable); otra opción es pasar al juicio oral, que puede demorar entre uno o dos años; y un tercer escenario es que se cierre la investigación y se absuelva al denunciado.
Si el escenario de acuerdo o juicio oral avanzan, se podría alcanzar una eventual condena. En este caso, Penadés es investigado por delitos de explotación sexual de menores de edad, algo que en Uruguay lleva una pena que va desde dos años de prisión a 12 años de penitenciaría.
