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La Universidad Católica del Uruguay (UCU) presentó su informe anual de conflictividad laboral, el que se titula “Las relaciones laborales en el 2021 y perspectivas para 2022”.
El documento, que fue elaborado por el Departamento de Estudios Organizacionales con la colaboración del Departamento de Derecho de la Universidad, describe “las principales características del contexto económico y jurídico con énfasis en los temas que más inciden en las relaciones laborales, las estrategias de los actores en este período, un análisis de la conflictividad laboral y de los resultados preliminares de la novena ronda de negociación en el sector privado y reflexiones de cara al 2022”.
Durante el año 2021, conflictividad laboral aumentó un 20.6% respecto al año pasado (promedio enero y noviembre de 2021 respecto a enero y diciembre de 2020). “Era algo previsible luego de las bajas cifras registradas en 2020 cuando Uruguay atravesó el peor momento de contagios y fallecimientos por covid 19 lo que provocó el cese de algunas actividades como espectáculos públicos, servicios vinculados al turismo, comercios y cierre de fronteras. Así mismo hubo aforos en ómnibus, en clubes deportivos luego de que se abrieran y se establecieron horarios restringidos en restaurantes y bares. También se exhortó al teletrabajo tanto en empresas públicas como privadas, en la medida en que esto fuera posible y se recomendó el aislamiento social”, puntualiza el documento.
Cifras
Entre el 1 de enero y el 30 de noviembre de 2021 se registraron 79 conflictos con interrupción de actividades que involucraron a 782.870 trabajadores y por los que se perdieron 749.645 jornadas laborables.
El informe agrega que en el año hubo dos paros generales: el 17 de junio un paro de 24 horas convocado por el Pit-Cnt “contra el hambre y la desigualdad por trabajo y salario” y el 15 de setiembre, también nacional de 24 horas, convocado bajo la consigna “con Artigas por las grandes mayorías nacionales” en rechazo a la rebaja del salario, a los recortes en la Rendición de Cuentas y a las modificaciones planteadas en el puerto, Ancap y Antel.