Otro aspecto clave bajo la lupa parlamentaria refiere a las proyecciones en materia laboral. La iniciativa contempla la creación de 3.100 puestos de trabajo durante la fase de construcción y unos 1.500 empleos permanentes una vez que las instalaciones se encuentren totalmente operativas. Al respecto, la oposición exige conocer qué estudios técnicos, de mercado o de impacto socioeconómico respaldan el cálculo de estas fuentes de trabajo sostenibles en el tiempo, con el fin de transparentar las condiciones y garantías de la megapropuesta.
Pedido de informes
El senador nacionalista Sebastián Da Silva cursó un pedido de informes respecto a la ianversión anuncia este miércoles por el presidente de la República, Yamandú Orsi, por la empresa Solaria.
El documento enviado por el legislador, que consta de ocho puntos, va dirigido a los ministerios de Industria, Economía, Ganadería y Relaciones Exteriores.
En primer lugar, Da Silva solicitó una copia del acuerdo y sus anexos, así como también que se precise la “inversión comprometida, sociedades y socios participantes, etapas, plazos y condiciones pendientes”.
“Identificar ubicación, padrones y hectáreas de parques solares y centros de datos, distinguiendo superficie total y ocupada por paneles. Aclarar si los 350 MW solares anunciados corresponden a potencia pico o de conexión”, continúa el texto.
También en materia de recursos, el senador opositor consultó cuál es el uso agropecuario actual del espacio donde se hará la inversión, que se informe sobre la calidad de los suelos y la superficie que saldría de producción.
En tanto, en materia económica, Da Silva quiere que el Poder Ejecutivo detalle el capital propio y la deuda previstos, quiénes serán los inversores y prestamistas, los “montos efectivamente comprometidos” y las condiciones para el cierre financiero. Junto a esto, solicitó que se le remita la evaluación de solvencia y endeudamiento de la compañía española que realizó el gobierno. A su vez, el legislador busca que se precise “con qué activos, contratos o ingresos se garantizará el financiamiento y si habrá avales, créditos, garantías o compromisos” del Estado, UTE, Antel o bancos públicos.
Como sexto punto, el legislador pidió que se informe cuál será la demanda eléctrica y generación solar anual previstas, “cómo se cubrirá el suministro nocturno”, qué tarifas y contratos tendrá con UTE y cuáles serán las obras necesarias y quién las financiará.
Como antepenúltimo ítem, Da Silva solicitó que se detalle el régimen de zona franca, las exoneraciones y el costo fiscal estimado, qué consumo y fuentes de agua tendrá, las autorizaciones ambientales y los “compromisos verificables de inversión, empleo y restauración de los predios”.
Finalmente, expresó que se le remitan antecedentes de la negociación, participantes, intermediarios y asesores, además de los controles de integridad y conflictos de intereses.
“Se solicita responder cada numeral con documentación de respaldo y dejar constancia expresa de los aspectos aún no definidos”, finaliza el texto.
