Conflicto salarial en el Poder Judicial: Todo tiene un final, todo sigue igual

En 2010, el Parlamento aprobó la Ley 18.719, Ley de Presupuesto 2010, que, entre otras cosas, estableció la equiparación de los salarios de los ministros de Estado con los senadores. Pero esa norma no consideró la vigencia de otras leyes que consagran la equidad salarial de secretarios de Estado y los jerarcas de los organismos de contralor. De esta forma, la ley implicó un aumento lateral, que nunca fue reclamado. El problema se agravó en el Poder Judicial, ya que casi la totalidad de los trabajadores tienen sus sueldos “enganchados” con el de los ministros de la Suprema Corte de Justicia. Y ahí se desató el conflicto, que derivó en varias sentencias favorables a los trabajadores y la declaración de inconstitucionalidad de todas las normas con las cuales el gobierno pretendió subsanar el problema. Y también derivó en un largo conflicto que involucró a todos los sectores del Poder Judicial. Sobre fines de diciembre, el Poder Ejecutivo depósito dinero en favor de unos 60 funcionarios del Poder Judicial. El depósito implicaba cumplir con juicio civil “por daños y perjuicios” que estos trabajadores le ganaron al Estado, en relación al “desenganche” de sus salarios. El pago abarcó todo el período previsto en la sentencia judicial favorable a estos trabajadores, entre abril de 2011 y marzo de 2016. La decisión generó la inmediata reacción de la Asociación de Funcionarios Judiciales del Uruguay (AFJU). El gremio alegó que esa medida implicaba una discriminación a los 3.700 trabajadores que, al igual que esos 60 funcionarios, tenían una sentencia judicial firme a su favor -en este caso para el período diciembre de 2012-marzo de 2016- que el gobierno se negaba a contemplar. Al mismo tiempo se alegó que esto suponía un desconocimiento de la herramienta sindical por parte del gobierno, ya que los trabajadores beneficiados eran quienes litigaron por fuera del gremio. Por este motivo, la AFJU decretó un paro total de actividades y se convocó a una asamblea. En medio de ese clima de tensión que amenazaba con reavivar el conflicto de los judiciales, el Poder Ejecutivo elevó una nueva propuesta de acuerdo transaccional para la totalidad de los trabajadores. La propuesta no fue una sorpresa; desde hacía varios meses representantes del gobierno y del gremio de judiciales negociaban la posibilidad de lograr un acuerdo que destrabara la situación y pusiera fin al largo conflicto. Por eso, el pago a esos 60 funcionarios generó malestar en los representantes de AFJU y el gobierno decidió presentar los lineamientos para un acuerdo. La propuesta era inferior al aumento de 21,6% previsto en la sentencia, pero mejoraba la que se realizó en febrero de 2017 y que fue rechazada por la amplia mayoría de los integrantes de AFJU. Un rechazo que derivó en la renuncia de buena parte de los integrantes de la comisión directiva que había encabezado la frustrada negociación. Ahora, al igual que en aquella propuesta de principios de 2017, la oferta se dividía en dos partes: un ajuste al salario mensual y el reconocimiento de la deuda generada entre diciembre de 2012 y diciembre de 2017. En el primer caso, se estipula un aumento de 18,8% de los salarios -que contabilizaba el reajuste de 7,76% que ya se otorgó en 2015 por medio de la Ley 19.310- dividido en dos correctivos: un aumento de 5% en enero de 2018 y otro aumento de 5% en enero de 2019. En relación a la deuda, se propuso pagar un equivalente a 14% del aumento salarial previsto para ese período de cinco años (los funcionarios reclaman 21,6%) en dos cuotas iguales y consecutivas para 2018 y 2019. Según las estimaciones del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), el costo de la propuesta será de unos 61 millones de dólares, lo que aliviaría el desembolso de las arcas estatales. Al mismo tiempo contemplaba la idea esgrimida en febrero por un grupo de judiciales que pretendían recibir el aumento de 21,6% en sus salarios y, posteriormente, negociar una quita en la deuda contraída. El planteo del gobierno no llegaba a ese 21,6%, pero en cierta forma se acercaba, por lo que los representantes gremiales firmaron el acta en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y se comprometieron a presentarla ante la asamblea para que esta decidiera aceptarla o no.