“La pandemia ha hecho visibles problemas estructurales del modelo económico y las carencias de los sistemas de protección social y los regímenes de bienestar que hoy nos está resultando muy caro. Por ello, debemos avanzar hacia la creación de un Estado de bienestar con base en un nuevo pacto social que considere lo fiscal, lo social y lo productivo”, señaló Alicia Bárcena.
La CEPAL propone la entrega de un ingreso básico de emergencia (IBE) equivalente a una línea de pobreza (costo per cápita de adquirir una canasta básica de alimentos y otras necesidades básicas) durante seis meses a toda la población en situación de pobreza en 2020 (es decir, 215 millones de personas o el 34,7% de la población regional). Esto implicaría un gasto adicional del 2,1% del PIB para abarcar a todas las personas que se encontrarán en situación de pobreza este año.
El informe realiza un balance de los efectos sociales que traería la pandemia del COVID-19. Provocará en el corto plazo un aumento de la pobreza, la pobreza extrema y la desigualdad en la región, debido al contexto de bajo crecimiento económico.
Asimismo, en línea con el aumento de la pobreza y la pobreza extrema, también crecerá la desigualdad en todos los países de la región. La CEPAL proyecta incrementos del índice de Gini de entre el 0,5% y el 6,0%. Una vez más, los peores resultados se esperan en las economías más grandes de la región.
Además, la CEPAL estima que alrededor del 10% de las personas que se encontraban en situación de pobreza no extrema en 2019 (11,8 millones de personas) vería deteriorada su situación económica y caería en una situación de pobreza extrema. También habría un fuerte deterioro de la posición de las personas que pertenecían a los estratos medios.
Según el reporte, los grupos especialmente vulnerables a la crisis socioeconómica serían las mujeres, las personas de estratos de ingresos bajos y medios-bajos, los trabajadores informales, las trabajadoras domésticas remuneradas, los niños, niñas y adolescentes, los jóvenes, las personas mayores, la población rural, los pueblos indígenas, los afrodescendientes, las personas con discapacidad, los migrantes, y las personas en situación de calle.
“Ante las grandes brechas históricas que la pandemia ha agravado, la CEPAL reitera que es el momento de implementar políticas universales, redistributivas y solidarias con enfoque de derechos”, remarcó Alicia Bárcena. “Generar respuestas de emergencia desde la protección social para evitar un grave deterioro en las condiciones de vida es ineludible desde una perspectiva de derechos y bienestar”, agregó.
