La situación cambió en el período comprendido entre 2020 y 2025. En esos años se registraron 45 procesamientos, de los cuales 30 correspondieron a dirigentes del Partido Nacional, seis al Frente Amplio y cuatro al Partido Colorado, según los datos presentados en el programa.
El relevamiento también contabilizó 30 condenas durante el período 2020-2025, en el marco del funcionamiento del nuevo Código del Proceso Penal. La mayoría de los casos correspondió a dirigentes del Partido Nacional.
Los casos de 2025
Entre los casos registrados durante 2025 aparece el de Eduardo Chiriff, candidato a alcalde del municipio de Baltasar Brum, vinculado a la utilización irregular de fondos municipales.
También fue procesado Lucas Trindade, integrante de la Junta Departamental de Salto, en una causa vinculada con el ingreso irregular de mercadería.
Otro de los casos fue el de Flavio Freire, exalcalde de Isidoro Noblía, condenado por delitos relacionados con la expedición irregular de libretas de conducir.
En Rocha, Darwin Correa y José Luis Sánchez, expresidentes de la Junta Departamental, fueron procesados por la utilización irregular de fondos destinados a obras. Posteriormente, Alexandro Infante, quien también había presidido el organismo, fue procesado en la misma causa.
El relevamiento incluyó además a Rodrigo Rolón, exconcejal de 18 de Mayo y candidato convencional del Partido Nacional, procesado en una causa relacionada con una agresión.
En el Partido Colorado fueron mencionados José González, alcalde de Minas de Corrales, imputado por abuso y explotación sexual, y Marcelo Costa, edil suplente de Artigas, condenado a ocho meses de prisión en régimen de libertad a prueba por simulación de delito y usurpación de título, tras ejercer como psicólogo sin contar con la titulación correspondiente.
Corrupción y administración pública
Entre los antecedentes de mayor contenido vinculado con la administración de recursos públicos figura el caso de Pablo Caram, exintendente de Artigas, condenado por omisión de denunciar delito. La causa estuvo relacionada con irregularidades en la asignación de horas extras dentro de la administración departamental.
En el departamento de Colonia, Luján Sánchez, alcaldesa de Florencio Sánchez, fue condenada por asociación para delinquir, concusión y fraude. Había ejercido anteriormente como concejal del municipio.
También aparece el caso de Valentina Dos Santos, exdiputada y posteriormente vinculada a la administración de la Intendencia de Artigas, condenada por usurpación de funciones.
En el relevamiento se recordó además el antecedente del exintendente de Artigas Carlos Signorelli, quien fue procesado por delitos vinculados con la administración de los recursos de la comuna.
El caso Cardama
Entre las investigaciones abiertas aparece el denominado caso Cardama, referido a la adquisición de dos buques por parte del Estado uruguayo. La Justicia investiga si existió una estafa contra el Estado y procura determinar las responsabilidades correspondientes.
En la causa fueron indagados los exministros de Defensa Javier García y Armando Castaingdebat. También aparecen como indagados Fabián Martínez, exdirector general de Secretaría del Ministerio de Defensa, y Damián Galó, exdirector de Recursos Financieros de esa cartera.
Los cuatro estuvieron vinculados al Ministerio de Defensa durante la administración de Luis Lacalle Pou.
El pasaporte de Marset
Otro de los casos incluidos en el informe es el relacionado con la entrega de un pasaporte uruguayo a Sebastián Marset, ciudadano uruguayo requerido por la Justicia de distintos países por delitos vinculados al narcotráfico.
La investigación judicial referida específicamente a la expedición del pasaporte fue archivada. Paralelamente, se investigó la destrucción de documentación vinculada con las actuaciones realizadas por autoridades del Ministerio del Interior.
Una investigación administrativa del Ministerio de Relaciones Exteriores examinó la existencia y destrucción de documentación relacionada con el expediente.
Intendencias bajo investigación
El informe también repasó investigaciones abiertas contra autoridades departamentales.
En Tacuarembó, el intendente Wilson Ezquerra es investigado por una operación relacionada con la recategorización de terrenos. La denuncia sostiene que determinadas tierras fueron recategorizadas y posteriormente vendidas para la instalación de una empresa. La causa continúa abierta y existe un pedido de formalización.
En Salto, la gestión del exintendente Andrés Lima fue objeto de observaciones del Tribunal de Cuentas relacionadas con la administración departamental y la incorporación de funcionarios. También fueron planteados cuestionamientos sobre el destino de recursos destinados al complejo Termas de Arapey.
El relevamiento incluyó además las acusaciones formuladas públicamente por el exdiputado y exintendente de Paysandú David Dotti contra el actual intendente Nicolás Olivera, a quien atribuyó supuestos vínculos con personas relacionadas con el narcotráfico. Se trata de acusaciones públicas que no derivaron, según lo consignado en el informe, en una condena judicial.
Antecedentes que se repiten
El informe incorporó asimismo el caso de Carlos Menéndez, excoordinador del municipio de Cardona. Menéndez había sido procesado en 2018 por una causa vinculada con una venta irregular de automóviles y posteriormente volvió a integrar una lista del Partido Nacional.
En febrero de 2024 fue nuevamente procesado, esta vez en una investigación relacionada con el envío de cocaína a Europa oculta en productos alimenticios.
El conjunto de casos muestra que los 138 procesamientos registrados en el período analizado corresponden a situaciones de naturaleza diversa: desde delitos contra la administración pública y utilización irregular de recursos hasta delitos sexuales, usurpación de funciones y otras conductas investigadas por la Justicia.
