Esta tesis es compartida por la coordinadora de la Asociación Brasileña de Juristas por la Democracia, Tania Oliveira, quién afirmó este miércoles ante medios locales: «Tiene que haber una caracterización de la conducta silenciosa del Estado, una investigación de cómo reaccionaron los agentes públicos ante la crisis de salud, para que se caracterice la responsabilidad civil».
La experta apuntó además que se hace necesario detallar «los elementos que pueden haber llevado a la muerte a estas personas». Oliveira agregó que en este caso «se trata de una indemnización por parte del propio Estado».
El abogado y profesor de Derecho Penal de la Escuela Paulista de Derecho, Fernando Hideo Lacerda, también denunció ante medios locales «que hubo una oferta de vacunas y (…) el Estado brasileño optó por no adquirirlas».
Para Hideo, el principal motivo de la investigación «es el rastro de ilegalidad que dejó la administración del presidente Jair Bolsonaro» en la conducción de la pandemia. «Lo que encaja, por supuesto, es un proceso de juicio político. El tema del crimen político está más que caracterizado. Ahora, en el ámbito penal y administrativo penal, no parece que la responsabilidad penal afecte al presidente Bolsonaro», agregó.
Este miércoles Brasil reportó 85.748 nuevo casos positivos, para un total de 17.122.877 contagios del coronavirus, y 2.723 fallecidos, para acumular 479.515 defunciones por la Covid-19.
