‘Detenciones a mansalva; aprietes a los supuestos arrepentidos; declaraciones direccionadas; pruebas que se quemaron; violación de todas las garantías constitucionales; maniobras de forum shopping’; son algunas de las ilegalidades denunciadas por la defensa de Fernández.
Beraldi precisa en el documento que ‘en condiciones normales, la posibilidad de que estas actuaciones pudieran ser elevadas a juicio, en términos jurídicos, resultaría absurda. Ello así, pues todo lo actuado es insanablemente nulo, al haberse vulnerado todas y cada una de las garantías previstas en la Constitución Nacional’.
La conocida causa de los cuadernos se refiere a fotocopias de anotaciones de un chofer que sacó a la luz lo que supuestamente serían sobornos en la obra pública durante los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández (2003-2015).
Oscar Centeno, exchofer de Roberto Baratta, exfuncionario del ministerio de Planificación de los gobiernos de Kirchner y Fernández, levantó una polvareda con ocho cuadernos en los que involucra a varios funcionarios y también empresarios.
En varios escritos presentados anteriormente en los tribunales de Comodoro Py la propia expresidenta ha reiterado varias veces que viene pidiendo una auditoria de toda la obra pública en todas las instancias judiciales y se lo han negado.